sábado, 10 de octubre de 2009

ARGENTINA: SE APROBÓ UNA NUEVA LEY DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTI-MONOPOLIOS

PRENSA LATINA
Aprueba senado argentino por amplia mayoría ley de medios

Después de 19 horas y 40 minutos de debate, el Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría y sin cambios la Ley de Servicios de Comunicación Social, tanto en general como en su discusión por artículos.

La decisión en general se produjo tras 17 horas de debate -iniciado ayer a las 10:00 hora local- por 44 votos a favor y 24 en contra de 70 posibles.

Las cuatro ausencias fueron de dos legisladores con baja médica y en el momento de la decisión las del ex presidente Carlos Menem y el radical de la provincia de Santiago del Estero Emilio Rached.

En cuanto a la votación en particular, artículo por artículo, se completó después de 19 horas y 40 minutos de sesión, a las 06:10 hora local, en la cual el proyecto también obtuvo mayoría sin que la oposición consiguiera introducir las modificaciones que se proponía en tres artículos.

En los alrededores de la sede del Congreso una multitud que había seguido las sesiones desde sus inicios estalló en manifestación de júbilo al conocerse el resultado final.

El documento había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados el 17 de septiembre, con 147 votos favorables, cuatro en contra y una abstención, así como la ausencia de 104 legisladores de la llamada oposición dura que expresaron de esa forma su rechazo.

Se trata del documento con el mayor nivel de enfrentamiento en lo que va de año de labor parlamentaria y que más divide las aguas en la actualidad de la vida política del país.

En declaraciones ante medios de prensa al abandonar el edificio del poder legislativo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que se ha sancionado una ley de la estatura merecida por todos los argentinos para acabar con la implantada en 1980 por la última dictadura militar.

Recordó que se trata de un proyecto en el cual se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pues se intentó llevarlo adelante desde 1983 por los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pero sólo ahora estuvieron dadas las condiciones políticas para adoptarlo.