jueves, 8 de octubre de 2009

BOLIVIA: SE HUNDE EL PODER JUDICIAL CUOTEADO Y PREBENDADO

ABI BOLIVIA
Poder Judicial, herido de muerte en el descrédito

Por Coco Cuba

Una crisis de proporciones, tal vez la más erosiva de su historia, ha herido de muerte al Poder Judicial boliviano, sumido en un descrédito que envuelve a la mayor parte de sus operadores cuestionados por prácticas prevaricadoras y prebendales.

La crisis detonó el jueves último, después que un ex militar montando en la desesperación se cobró justicia por mano propia luego que un juez del distrito central de Cochabamba dictara la liberación del asesino confeso de su vástago.

El ex coronel de Ejército, Jorge Arteaga, que descerrajó ocho disparos sobre Alberto Guzmán, quien en 2007 mató a sangre fría a Rolando Arteaga, hijo de aquél, sopesa ahora, desde una litera de un hospital público y en trance de arresto, un inopinado apoyo popular, traducido en multitudinarias manifestaciones públicas opuestas a su encarcelamiento preventivo mientras espere un proceso.

Desde su lecho de enfermo, presa de una crisis de hipertensión arterial y desde donde se dijo dispuesto a asumir las consecuencias de su crimen, Arteaga alegó haber sido incluso amenazado por Guzmán quien, no obstante de ser sentenciado a 18 años de cárcel, fue beneficiado por una acción de libertad dos años después de asesinar al hijo del ex militar.

En un ejemplo de que la atávica Ley del Talión, del “ojo por ojo, diente por diente” amenaza con regir ante la ausencia de justicia institucional, Arteaga recibe por diversos medios de comunicación las adhesiones de personas que ante las licencias crónicas de las autoridades judiciales aseguran que hubieran actuado de la misma forma.

En conferencia de prensa, la viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado pidió al órgano judicial “actuar oportunamente con auditorías, investigando y sancionando a los que corresponda, para evitar hechos lamentables como los ocurridos en el caso del coronel Arteaga”.

“Hizo justicia con mano propia (..) es un caso que ha conmovido a todo el país y que no debió haber sucedido nunca”, remarcó.

“Desde el Ministerio de Justicia desde hace meses se denuncia, públicamente, la mala administración e impunidad en la justicia boliviana”, deploró Rocabado al tiempo de exigir al Consejo de la Judicatura una auditoría y una nueva investigación de los hechos que desembocaron en la acción de Arteaga.

Guzmán, cuyos familiares han amenazado públicamente a la esposa e hija de Arteaga con vindicar la muerte de aquél, fue liberado después de una serie de artilugios leguyelescos que empujaron el juicio por asesinato hasta dejarlo en la inacción y en las puertas del archivo, un uso extendido en la tradición litigante en el país, con fuerte ingrediente en la jurisprudencia.

El caso Arteaga, dijo, “se trató durante un año, es un caso que era prácticamente flagrado” y que, a contrapelo del procedimiento, demandó un lapso similar para la aplicación de la sentencia ejecutoriada.

“Es demasiado tiempo y se nota la chicanería (argucias judiciales) de abogados y jueces”, deploró la viceministra.

La debacle del sistema judicial boliviano flota en momentos en que la cabeza de este Poder del Estado, el magistrado Eddy Fernández, enfrenta un juicio de responsabilidades por negación y retardación de justicia en un proceso radicado por las familias de 67 civiles, muertos a manos de la fuerza pública, en una revuelta popular entre setiembre y octubre de 2003 y que no encuentran eco a sus reivindicaciones hace 6 años. También, en un proceso por la compra con sobreprecio de una aeronave para el Estado en 1998.

Asimismo, en medio de una suerte de rebeldía de autoridades y ex autoridades que resisten, en diversos distritos del país andino amazónico, las acciones del Ministerio Público que intenta formalizarlas por delitos de malos manejos de los fondos públicos.

Un caso que ilustra tal anarquía en el Poder Judicial, implica a la prefecta de Chuquisaca (sudeste), Savina Cuéllar, reticente a acudir al llamado de autoridades de rango nacional que le endilgan manejos arbitrarios de fondos públicos.

Cuéllar es acusada de contratar a un sentenciado, por malversar fondos públicos en la Prefectura del vecino departamento de Tarija, con un emolumento de 3 millones de bolivianos (alrededor de 400.000 dólares), para un trabajo de supervisión de obras civiles de infraestructura deportiva que se construyen en Sucre, capital departamental de Chuquisaca y capital constitucional de Bolivia, además de sede de los Juegos Bolivarianos de noviembre.

Lo mismo que Cuéllar, fiera opositora de Morales, y que acusa sistemáticamente a sus interpelantes de responder a intereses políticos, sus pares de Santa Cruz (este), Rubén Costas, y de Tarija (sur), Mario Cossio, reniegan de las autoridades con jurisdicción nacional y advierten que sólo responderán a la convocatoria de autoridades judiciales distritales observadas por su parcialidad.

El caso más patente de que la debilidad que socava el Poder Judicial boliviano lo encarna un juez de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, señalado por resolver el archivo de una causa, planteada por el Estado, por la apropiación indebida de tierras fiscales por parte de un poderoso empresario de su jurisdicción, Branco Marinkovic.

La crisis, que asemeja la cabeza de iceberg, se registra asimismo en momentos en que Bolivia soporta una ola de criminalidad, traducida en ‘inseguridad ciudadana’, sin precedentes en su historia penal del país.

La Policía, la más fustigada por una opinión pública erizada e intimidada por los atropellos (asaltos, secuestros ‘express’, atracos a entidades financieras, violaciones y todo tipo de vejaciones), que se multiplican en calles y avenidas sin solución de continuidad, ha acusado públicamente a fiscales y jueces de liberar, sin mayor trámite, a los antisociales “atrapados con las manos en la masa”.

“Nosotros los aprehendemos y ellos los sueltan a las horas”, dijo a la ABI una oficial de mando medio de la Policía que requirió el anonimato.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, corroboró esa percepción durante el aniversario de la Policía, en septiembre pasado, en La Paz.

"Fiscales y jueces favorecen a los delincuentes al liberarlos a las pocas horas para que reincidan en los ilícitos, dando la espalda a la Policía en la lucha contra el crimen organizado", deploró.

El caso más patético data de hace tres meses cuando Tapia Pachi falló, contra toda previsión, por la liberación de tres colombianos detenidos en plenas faenas de fabricación ilegal de cocaína.

La crisis aflora a menos de dos meses de las elecciones bolivianas y en medio del cruce de acusaciones sin pruebas, la mayor parte de ellas, de que todo proceso tiene un trasfondo político.

Lejos de un criterio meritocrático, las autoridades judiciales bolivianas se seleccionan, invariablemente desde principios del siglo XX, de ternas propuestas por los miembros del Poder Legislativo, copado por los partidos.

La Constitución boliviana, en vigor desde febrero pasado, prescribe ahora, en una suerte de reivindicación, que los magistrados de la Suprema y del Tribunal Constitucional -sumido en una parálisis por falta de acuerdos políticos en el Legislativo para designar a sus miembros, luego de expirado el mandato decenal de sus últimas autoridades- y del Consejo de la Judicatura -que apenas funciona con un solo de sus cinco vocales- serán electos en las urnas por mandato popular de ternas propuestas por los poderes públicos.

El Senado boliviano es, ahora mismo, escenario de un juicio de Estado contra Fernández, cuya defensa ha interpuesto una artillería de recursos (recusaciones) contra los miembros de esa alta instancia legislativa que oficia de Tribunal de Sentencia.

Veintiuno de los 22 senadores, entre titulares y suplentes, han sido recusados, es decir inhibidos de conocer el juicio implantado contra el presidente suspendido de la Corte Suprema, lo que configura un barrullo que tiene detenido indefinidamente el proceso, que no arrancó en la práctica.

La crisis paroxística del Poder Judicial boliviano se expresa con toda su brutalidad después de más de una década de ajusticiamientos en zonas urbanas y suburbanas de las ciudades bolivianas donde los antisociales sorprendidos en flagrancia, en diversos tipos criminales, son literalmente inmolados o, en el mejor de los casos, flagelados, sino lapidados o linchados, antes de ser entregados moribundos a los policías que no hacen otra cosa que rescatar, en medio de pedreas a ellos mismos, a los criminales.

Una suerte de tolerancia a la corrupción pública ha estigmatizado, de otra parte, al Poder Judicial boliviano.

Al menos cinco ex funcionarios de Estado han recibido, la benevolencia de los operadores de justicia que cuando trató de enderezar sus fallos no encontró a los imputados, que pusieron pies en polvorosa, para evitar el peso de la justicia.

Excepto el ex presidente de la petrolera estatal, Santos Ramírez, procesado por una millonaria corrupción descubierta en enero último, y un administrador de la novísima empresa estatal de procesamiento de hierro, Guillermo Dalence, las cárceles bolivianas recluyen, mayoritariamente y al borde del hacinamiento, a procesados por delitos de vagatela, narcotráfico, violación sexual y crímenes contra personas y la propiedad privada.

“La chicanas jurídicas a las que acuden los abogados para salvar a sus clientes de ir a la cárcel o de ser sancionados por la comisión de un determinado delito frustra la sed de justicia de cientos de litigantes que día a día acuden a los tribunales, al Ministerio Público o a la Policía para agilizar sus procesos, refiere una nota de la agencia Erbol, que cita los criterios de un operador de justicia que reconoce el lastre que socava el sistema.

“El juez Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar del distrito judicial de La Paz, William Dávila, dijo que la paralización del Tribunal Constitucional ha permitido a los abogados ‘convertir en un carnaval’ la presentación de recursos para frenar los procesos.”, citó la agencia al tiempo de resaltar el “caso es el referido al fiscal de La Paz, Jorge Gutiérrez, que tiene 27 denuncias en su contra, que a juicio de los demandantes, acude al uso indebido de influencias y a las chicanas jurídicas que le permite la ley para frenar su proceso”.