jueves, 26 de noviembre de 2009

BOLIVIA: PELEA ENTRE EL GOBIERNO Y OPOSITORES POR 400.000 VOTANTES "OBSERVADOS"

LOS TIEMPOS (BOLIVIA)
Presionan a la CNE por los 400 mil observados

Por Alcócer Caero Gisela

Los vocales de la Corte Nacional Electoral están a punto de ser literalmente “descuartizados” por la presión ejercida por oficialistas y opositores que exigen que se incluya o se depure a casi medio millón de electores que tienen algunas irregularidades en sus documentos de identidad. El problema, que amenaza con poner en riesgo la realización de los comicios programados para el 6 de diciembre, demuestra la eficiencia del nuevo registro biométrico boliviano, que pudo detectar hasta la más mínima anomalía.

Del lado oficialista, el ministro de Defensa, Walker San Miguel; junto al diputado y vocero del MAS Jorge Silva, le exigen a la Corte Nacional Electoral que permita el voto de casi medio millón de observados que se registraron en el nuevo padrón biométrico sin tener certificado de nacimiento.

Al otro lado los candidatos a legisladores por el PPB – CN Germán Antelo (Santa Cruz) y Pamela Fernández (hija de Leopoldo Fernandez), además del actual senador, Tito Hoz de Vila (Podemos), los líderes regionales de Santa Cruz; el candidato presidencial por UN, Samuel Doria Medina, y el presidente del Senado, Oscar Ortiz, aseguran que el padrón fue inflado por el MAS en el proceso de carnetización gratuita realizado durante los últimos años y exigen que la entidad electoral tenga un control riguroso sobre estos inscritos.

Los vocales de la CNE prefieren no comentar sobre las declaraciones de ambas partes y optaron por investigar el origen del problema que envuelve a 400.671 electores que representan el 7% de los votantes a nivel nacional, quienes si no logran definir su identidad, no podrán ejercer su derecho ciudadano a emitir su voto.

La presión sobre la Corte empezó a ejercerse muy temprano, en la mañana de ayer, por el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno conminó al organismo electoral a que esclarezca esta situación. “Es imposible nos dijeron pesar en la duplicidad en rasgos. Es imposible que haya duplicidad en la firma y huellas dactilares, fotografías lo mismo. ¿Cómo frenarle a un ciudadano, que ha hecho cola para ser empadronado, a que ejerza su derecho al voto?”.

San Miguel manifestó además que es de plena responsabilidad de la Corte Electoral el buen funcionamiento del Registro Civil, pues esta no en función del Poder Ejecutivo. "Debe respetarse el derecho al voto, el derecho al sufragio, el derecho político ciudadano de quienes no falsificaron ningún documento de identidad para registrarse en el biométrico. Que duda puede haber que ese ciudadano existe si se tomaron sus 10 huellas" y aseguró que tras estos observados, “no debería haberse pedido padrón biométrico, sino la reconstrucción de los datos del Registro Civil”.

Del mismo modo el diputado y vocero del MAS, Jorge Silva, denunció que la Corte Nacional Electoral vulnera los derechos constitucionales de las más de 400 mil personas que fueron observadas. “La Constitución señala claramente que sólo se puede suspender el derecho político de una persona cuando a habido traición a la Patria o se ha defraudado los recursos del Estado, por lo que estos más de 400 mil no creo que estén en la situación mencionada”, manifestó.

Además sostuvo que no se puede culpar al programa de carnetización gratuita efectuado por el Gobierno, puesto que uno de los requisitos fundamentales para obtener la cedula de identidad era la previa presentación del certificado de nacimiento, por lo que descartó que los ciudadanos con este problema sean producto de ese programa.

El presidente de la Corte Electoral, Antonio Costas, consultado si estos 400 mil observados recibieron su cédula de identidad de forma gratuita mediante el programa del gobierno ejecutado en los últimos tres años, respondió: "No puedo afirmar eso, no creo (…) deben haber seguramente algunos, pero no creo". Sin embargo, la vocal electoral Roxana Ibarnegaray informó que la Sala Plena de la entidad se reunió con funcionarios el Ministerio de Gobierno, la Policía, Migración y del programa de cedulación gratuita, para detectar dónde se cometió el error, en estos 400.671 casos.