martes, 3 de noviembre de 2009

HONDURAS: DICTADOR MICHELETTI Y PARLAMENTO GOLPISTA SE BURLAN DE ZELAYA Y DE LA DEMOCRACIA

LA NACION (EXTERIOR)
Zelaya: "Saldremos de la crisis revocando el golpe de Estado"

El Congreso comenzó a estudiar el acuerdo sobre la restitución del presidente depuesto

Las diferencias de interpretación del acuerdo para solucionar la crisis hondureña llevaron ayer al mandatario depuesto, Manuel Zelaya, a aclarar que el conflicto sólo se superará revocando el golpe de Estado que lo apartó del poder el pasado 28 de junio.

En un comunicado divulgado ayer a la prensa, Zelaya fue tajante: "El cargo de presidente que constitucionalmente eligió el pueblo hondureño no está en discusión [en el acuerdo]; no debemos retroceder en este avance; debemos lograr salir de esta crisis revocando el golpe de Estado e incorporando a Honduras a la democracia".

El denominado Acuerdo Tegucigalpa-SanJosé-Guaymuras delega en el Parlamento la decisión sobre la restitución de Zelaya en el poder. El acuerdo entre las partes se formalizó el viernes tras la visita de una delegación de alto nivel enviada por el presidente estadounidense, Barack Obama, y encabezada por el subsecretario de Estado para América latina, Thomas Shannon.

Para Zelaya, lo que está en discusión en el Congreso es la facultad del órgano legislativo para derogar el decreto "ilegal" que lo destituyó y nombró al titular del Parlamento [Roberto Micheletti] como presidente de facto, "un hecho que ha sido condenado por todas las naciones del mundo", señala el comunicado del mandatario.

Las declaraciones de Zelaya se producen después de que el gobierno de facto afirmó que la restitución del presidente derrocado "no será automática". "Se requiere un voto favorable del Congreso y el pacto no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso", argumentó el régimen.

Pero un voto negativo del Parlamento sobre su restitución sería visto por Zelaya como "una nueva afrenta al pueblo hondureño y a la comunidad internacional". El mandatario, refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el pasado 21 de septiembre, pidió al gobierno de facto que abandone los "juegos sucios y las estrategias dilatorias" en la aplicación de los acuerdos.

El texto del acuerdo llegó ayer a un Congreso que se encuentra en receso debido a la campaña electoral en la que están inmersos los legisladores de cara a los comicios del 29 de noviembre.

"Vamos a darle copia del acuerdo a cada uno de los [128] diputados [...]. Una vez que tengamos el conocimiento de los alcances y de la dinámica de este acuerdo y que los miembros de la directiva tengan conocimiento, vamos a definir cuál es la ruta que se va a seguir", dijo el presidente del órgano legislativo, José Alfredo Saavedra.

Sin fecha fija
El acuerdo de 12 puntos firmado por las delegaciones de Zelaya y de Micheletti no especifica fecha alguna para que el Congreso se pronuncie, una "laguna" formal que está desatando nuevos reproches entre las partes.

Zelaya quiere que el Parlamento se reúna en sesión extraordinaria antes del jueves, el día en que según el pacto debe estar conformado el nuevo gobierno de "unidad y reconciliación nacional". Micheletti, por su parte, no tiene la menor prisa en que los legisladores voten el punto 5 del acuerdo (relativo a la restitución) y preferiría que esa votación se realizara después de las elecciones.

Para lograr su restitución, Zelaya necesita el voto de al menos 65 diputados. Lo que no contempla el acuerdo es qué pasará si la decisión de los legisladores es contraria al regreso de Zelaya al poder.

Otro de los puntos del acuerdo, el relativo a la conformación de una comisión de verificación, quedará materializado hoy con la llegada a Tegucigalpa de los representantes designados por la OEA: el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.

La comisión la completan un delegado de Micheletti (Arturo Corrales, miembro de su equipo de negociación en la mesa de diálogo) y otro de Zelaya (Jorge Reina, embajador ante la ONU).

Según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, los integrantes de la comisión "tendrán que verificar que los actores [implicados en el conflicto] están cumpliendo los compromisos".