domingo, 8 de noviembre de 2009

PERÚ: INDIOS AMAZÓNICOS PREPARAN NUEVAS PROTESTAS CONTRA ALAN GARCÍA

UNIVISION
Perú: indígenas protestarán si persiste acoso del gobierno


La mayor organización de indígenas de Perú anunció el domingo que iniciará protestas a nivel nacional si persiste "el acoso del gobierno" para disolver la organización y perseguir judicialmente a 84 de sus miembros, afirmó un funcionario de la misma.

El secretario nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Saúl Puerta Peña, dijo a la AP que "la decisión se tomará luego del 15 de noviembre cuando retornaremos a Lima al concluir una reunión general con 500 líderes indígenas de todo el país en Urakusa, un pueblo situado cerca de Bagua".

La AIDESEP estuvo en el ojo de la tormenta en junio pasado cuando una protesta de indígenas derivó en serios enfrentamientos con la policía en la zona selvática de Bagua, choques en los que murieron al menos 33 peruanos.

Puerta sostuvo que "no observan voluntad política del gobierno pues, mientras por un lado existen cuatro mesas de negociación con los indígenas para hallar entendimiento mutuo, por otro lado el gobierno impulsa la orden judicial de disolver AIDESEP y persisten 84 procesos judiciales contra miembros indígenas".

La AIDESEP recibió a fines de octubre una notificación efectuada por el Ministerio de Justicia donde demanda la disolución de la organización indígena.

Puerta indicó que "12 nativos se encuentran encarcelados, otros seis tienen orden de captura _entre ellos el líder máximo Alberto Pizango, asilado en Nicaragua_ y otros 66 tienen orden de comparecencia".

"Nosotros creemos en el diálogo, pero eso sí, no queremos que el gobierno quiera dialogar y al mismo tiempo nos esté persiguiendo", añadió.

La AIDESEP, organización creada en 1980, reúne a 1.350 comunidades indígenas, agrupadas en 65 federaciones y ocho organizaciones regionales.

Los nativos selváticos iniciaron protestas desde agosto del 2008 por la aprobación de diversos decretos legislativos que consideraban que permitirían la venta de sus territorios ancestrales para la explotación de gas y petróleo.

Tras los hechos sangrientos de Bagua el gobierno del presidente Alan García se vio obligado a derogar dos decretos y reconoció no haber propiciado un diálogo ni haber consultado a los nativos sobre esas normas.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha recomendado en un informe sobre los hechos de Bagua, el cual fue difundido en octubre, que cese todo tipo de hostigamiento, judicial, administrativo o mediático contra organizaciones y dirigentes indígenas.

También recomendó derogar todas las normas legales que afecten los derechos indígenas y suspender las concesiones petroleras, mineras o gasíferas otorgadas dentro de tierras de los pueblos amazónicos.