sábado, 5 de diciembre de 2009

LA NOTA ARGENTINA QUE LOS GRANDES MEDIOS BOLIVIANOS NO QUISIERON PUBLICAR

CRÍTICA DE LA ARGENTINA
Denuncias hasta última hora en Bolivia
La jornada de reflexión antes de las elecciones se vio sacudida por una denuncia del Gobierno, que acusa a Manfred Reyes Villa de incitar al fraude electoral. 06:59 05.12.2009 Capitán minero. El candidato Reyes Villa, un ex militar que llegó a gobernador provincial, en un acto de campaña en el Altiplano.

Con el “auto de buen gobierno” que dicta la Corte Nacional Electoral (CNE) y que impone restricciones de movimiento y consumo a la población, los bolivianos esperan la jornada electoral del domingo. El presidente Evo Morales puede obtener la reelección sin tener que pasar a una segunda vuelta. La campaña electoral concluyó el jueves por la noche, pero la tradicional jornada de reflexión del viernes se vio marcada por la denuncia del ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, que presentó a la CNE una grabación telefónica en la que supuestamente el candidato opositor Manfred Reyes Villa incita al fraude electoral a cambio de dinero. La Corte ordenó a la Fiscalía realizar una investigación de última hora sobre la denuncia. Un vocero del aspirante presidencial de derecha repudió las acusaciones y dijo que se trata de un “montaje” del Ejecutivo de Morales.

El presidente de la CNE, Antonio Costas, indicó a la Fiscalía que de la conversación grabada se desprende “la intencionalidad de modificar los resultados electorales a favor de algún candidato (...) pese a que la Corte tiene un sistema de seguridad que no permite la manipulación de su sistema informático”.

Las encuestas de intención de voto otorgan entre el 52 y el 60% al mandatario, que puede ser reelegido como candidato del Movimiento al Socialismo sólo esta vez bajo las disposiciones de la nueva Constitución boliviana.

Con un techo de 26% quedaría segundo Reyes Villa, del Plan Progreso Para Bolivia (PPB), y tercero sería Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN).

Entre otras medidas, el auto de buen gobierno de la CNE prohíbe beber alcohol durante casi cuatro días hasta el lunes después de la votación, y viajar por el territorio nacional durante la jornada de votación.

Estas restricciones datan de mediados del siglo XX, cuando el derecho al voto se hizo universal en Bolivia y era común el fraude por medio del “acarreo”, el traslado de electores en municipios rurales, para que sufragaran más de una vez. Las autoridades, los medios de comunicación y los servicios de emergencias deben solicitar permisos para circular.

Alrededor de 250 observadores de la ONU, la OEA y el Centro Carter han llegado a Bolivia para supervisar unas elecciones que movilizarán a un total de 5,1 millones de votantes, una cifra récord en la historia del país. Unos 4,9 millones están en Bolivia, mientras que 169.096 se registraron en Brasil, España, la Argentina y EE.UU., donde los migrantes bolivianos votan por primera vez. En la Argentina, habrá elecciones bolivianas por primera vez en Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, donde se han registrado casi 80 mil electores.

MEDIOS BOLIVIANOS. La columna que Crítica de la Argentina publica hoy aquí fue rechazada por el paceño La Prensa y el cruceño El Deber, dos de los diarios más importantes de Bolivia. Ambos pertenecen a la familia Rivero. Después de aceptarla, La Prensa informó que consideraban oportunista el pedido de publicación antes de la elección –escribe Martín Sivak–. El director ejecutivo de El Deber, Pedro Rivero Jordán, ordenó su publicación, pero se arrepintió. Como representante de Bolivia en la última reunión de la SIP en Buenos Aires, Rivero había denunciado las agresiones contra la prensa en su país; anticipó que la violencia crecerá si Evo Morales es reelecto y suele jactarse de la ecuanimidad de su medio frente a los abusos oficiales. Esa ecuanimidad no se ve reflejada en la elección de los columnistas aludidos en mi columna, ni en otras decisiones editoriales. Tampoco fue ecuánime Rivero en mi caso. Publicó la columna “Martín Sivak, el sicario de las letras”, redactada por un misterioso columnista que tuvo allí debut y despedida con una severa acusación en mi contra. A La Prensa y El Deber asiste el derecho de no publicar las columnas. Este caso, y muchos otros, muestran que no se debe enmarcar la relación entre las empresas periodísticas y Morales como la puja entre la libertad de expresión y el autoritarismo gubernamental.