sábado, 2 de enero de 2010

POLICÍA PERUANA ACUSA A ALAN GARCÍA DE MASACRE DE BAGUA

CAMBIO (BOLIVIA)
Policía implica a Gobierno de Perú en la masacre indígena


Dentro del informe oficial sobre los hechos violentos en la zona de Bagua, Perú, donde la represión policial a la movilización indígena causó 34 muertes, un memorándum policial que pasó inadvertido expone la responsabilidad del Poder Ejecutivo peruano, de acuerdo con una información de la agencia IPS, que tuvo acceso al documento final.

El gobierno peruano presentó el informe el martes. El memorándum policial indica que los policías no podían accionar si la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no tomaba las decisiones.

Según consta en la página 48 del informe, el director general de la Policía, José Sánchez Farfán, informó el 4 de junio que el desalojo de la carretera ocupada por los indígenas se realizaría el viernes 5 de junio, a las 05.00 de la mañana. Sin embargo, en sus conclusiones el informe no establece la responsabilidad directa de la Ministra del Interior, aunque indica que “el desborde en Bagua también fue alimentado por una descoordinación entre ministros y entre instituciones dependientes de la Alta Dirección de los Ministerios del Interior y de Defensa”.

Pese a establecer que hubo deficiencias de la fuerza pública a la hora del desalojo, como descoordinación entre los efectivos, falta de equipos y desconocimiento sobre la forma de combate de los indígenas, se señala que en la Curva del Diablo “los policías no atacaron a los nativos”.

La ministra Cabanillas negó en todos los tonos que hubiera dado la orden del violento desalojo, insistiendo en que, según el protocolo, todo estaba en manos del mando policial
El memorándum es citado en la página 50 del informe del Gobierno peruano, ratificando la versión de Salomón Aguanash, presidente del Comité de Lucha Regional del Paro Amazónico, quien sostuvo que el general Javier Uribe, encargado de las negociaciones previas con los manifestantes, no aceptó al final del día 4 de junio volver a hablar con ellos porque ya había recibido la orden de desalojarlos, emitida por Cabanillas.

En tanto que el coordinador de la comisión, el indígena awajún Jesús Manacés, dijo a IPS que el documento no refleja de manera imparcial los testimonios y hallazgos recogidos en 120 días de trabajo. El documento final fue presentado sin la presencia de cuatro de los siete miembros de la comisión.