miércoles, 7 de abril de 2010

URGENTÍSIMO BOLIVIA: ACUSADO MONASTERIO BUCHONEÓ A GOBERNADOR RUBÉN COSTAS COMO SUPUESTO TERRORISTA Y SERÍA INMINENTE SU CAPTURA

LA RAZÓN (BOLIVIA)
La fiscalía ordena aprehender a siete cruceños más

Reserva. Monasterio aportó a las investigaciones, según el fiscal
M.A. Melendres
La Policía tiene la orden de aprehender a otros siete cruceños por el caso terrorismo, entre ellos a Pablo Costas, hermano del gobernador electo Rubén Costas, y al juez Luis Tapia Pachi. También entregará ocho citaciones para declarar en La Paz.

El martes se reactivó las aprehensiones en Santa Cruz, con la detención del ex candidato a alcalde Gary Prado Araúz, del secretario de Cámara de la Corte Electoral, Marco Monasterio, y del líder falangista Juan Carlos Santisteban, quien fue puesto en libertad.

Fuentes de la Policía confirmaron que también tienen la orden de aprehender a Pablo Costas, Tapia Pachi, al electrónico Raúl Contreras y al también miembro de la Falange Socialista Boliviana (FSB) Líder Paz. “Lo haremos en cualquier momento”, informó la fuente, que evitó dar los nombres de otros tres buscados.

“Las órdenes de apremio se pueden ejecutar en un plazo de seis meses. Las tres personas no identificadas, por razones de seguridad de las investigaciones, pertenecen a instituciones cruceñas y empresas”, informó.

DENUNCIA. La diputada de oposición Norma Piérola dijo que se habría emitido una orden de apremio contra el electo gobernador cruceño. “Tenemos conocimiento de que aquí, en La Paz, se ha emitido un mandamiento de aprehensión contra Rubén Costas”, afirmó.

La fuente policial añadió que también deben entregar ocho citaciones para que similar número de personas vinculadas a diferentes instituciones cruceñas acudan a declarar a La Paz sobre el caso terrorismo, que investiga el fiscal Marcelo Soza.

Monasterio y Prado, detenidos la mañana del martes en Santa Cruz, llegaron a las 5.00 de ayer a La Paz. Declararon ante Soza en oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Tras prestar sus declaraciones, Prado aseguró a la prensa que no tiene ninguna relación con el grupo terrorista liderado por el abatido Eduardo Rózsa. El fiscal, no obstante, dijo que los acusará por terrorismo y alzamiento armado en la audiencia de medidas cautelares fijada para las 9.00 de hoy.

El prefecto Roly Aguilera se reunió con Soza y le pidió trasladar la toma de declaraciones a Santa Cruz, mientras que los militantes del MNR, partido al que pertenece Prado, protestaron en puertas del IDIF.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró que en la aprehensión de los dos cruceños se actuó en el marco de la ley. “Cuando se trata de un caso de tanta gravedad, obviamente vamos a extremar los recursos para encontrar la verdad y sancionar a los responsables”, advirtió.

Monasterio prestó en la tarde una declaración ampliatoria por cerca de siete horas. Soza dijo que aportó a la investigación y que, por ello, se mantendrá en reserva el contenido de la declaración.

Desde Santa Cruz, los cívicos anunciaron movilizaciones en defensa de los acusados por el caso Rózsa. En Tarija, el electo prefecto Mario Cossío informó que pedirá al Gobierno, a través de una carta, “que pare las detenciones”.

La justicia cruceña rechazó un pedido de libertad para Prado.
Aguilera no logra cambios

El prefecto Roly Aguilera gestionó ante el fiscal Marcelo Soza el traslado del caso terrorismo a la capital oriental y además presentó denuncias sobre violación de los derechos humanos ante la OEA.

Aguilera estuvo ayer en La Paz. “El fiscal (Soza) ha expresado que habría la voluntad de sujetarse al debido proceso y que las declaraciones se lleven adelante en Santa Cruz”, informó el Prefecto tras reunirse con el fiscal.

En tanto que Soza dijo que sólo fue una reunión de coordinación y que Aguilera le expresó que están dispuestos a coadyuvar con la investigación.

“El traslado del caso depende del Fiscal General y de Distrito de La Paz, quienes me lo deberán ordenar mediante instructivo”, aclaró.

Aguilera también se reunió con una misión de observadores electorales de la OEA, donde denunció persecución e injerencia política del Gobierno en este caso.

“Hemos informado nuestra preocupación sobre el proceso electoral, la judicialización de la política, las detenciones y las anormalidades en las garantías de los derechos humanos y al debido proceso en el país”, informó.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, cuestionó la actitud de Aguilera y recomendó investigar si usó recursos públicos para trasladarse a La Paz.