jueves, 3 de junio de 2010

BOLIVIA: DEFENSOR DEL PUEBLO IMPOTENTE ANTE EXTORSIÓN DE LA REPÚBLICA CHUTA

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El Defensor boliviano anuncia la pronta entrega de los cadáveres de policías linchados

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, aseguró hoy que los cadáveres de los cuatro policías que fueron linchados a manos de indígenas del suroeste del país serán entregados en breve.

"Están en la última fase del consenso para devolver los cadáveres. En las próximas horas recibiré algún mensaje concreto", apuntó en declaraciones a Efe.

Villena dijo que la resolución del conflicto depende de una asamblea que durante el día de hoy reúne a los líderes de la zona, fronteriza con Chile, y que debe determinar la devolución de los cuerpos.

Hace doce días, indígenas del norte del departamento de Potosí lincharon a cuatro policías mediante la aplicación de "justicia comunitaria", acusándolos del asesinato de un taxista y de extorsionar a los campesinos.

El lunes, dos ministros del Gobierno de Evo Morales viajaron a la localidad de Uncía, pueblo del norte de Potosí, para pactar la entrega de cadáveres, pero fracasaron y regresaron a La Paz.

Los indígenas exhortaron a las autoridades a no investigar estos asesinatos para que se pudiera dialogar sobre la devolución de los cuerpos, a lo que el Gobierno se niega.

"No va a existir ningún tipo de indulto ni amnistía. Cualquier crimen de esta naturaleza tiene que ser investigado", declaró el miércoles el ministro boliviano de Gobierno (Interior), el ex defensor de derechos humanos Sacha Llorenti.

De igual forma se expresó hoy el Defensor del Pueblo: "La investigación tiene que continuar", si bien dijo que se puede buscar "una alternativa" para el momento de la entrega de los cuerpos.

"Podría ser que en el momento de la devolución no haya represión; ellos quieren asegurarse alguna manera más o menos honrosa para salir de esta situación", explicó.

El Defensor del Pueblo agregó que la voluntad de devolver los cuerpos de los agentes, se debe a la "presión social" a la que se ven sometidos desde que se conoció el caso.

Los "ayllus guerreros" (clanes indígenas) de la zona pidieron ayer tras un cabildo regional que se declare su región como zona de contrabando libre, y reivindicaron que el territorio es "zona roja", con libertad total para que circulen mercancías de contrabando provenientes de territorio chileno sin que la Policía intervenga.

En la zona se encuentra el fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuentes, que aseguró que se quedará en la región hasta conseguir "solucionar el problema".