viernes, 18 de junio de 2010

BOLIVIA GRAVE: DEFENSOR DEL PUEBLO, VILLENA, INFORMA QUE REPÚBLICA CHUTA DE UNCÍA LO RECIBIÓ A DINAMITAZOS Y DEBIÓ HUIR ANTE AMENAZAS CONTRA SU VIDA

LA PRENSA (BOLIVIA)

Defensor dice que fue recibido con dinamita en un Ayllu y huyó

Uncía: Rolando Villena, defensor del Pueblo, saluda ayer a una diputada

Reporte: Rolando Villena presentó ayer el informe de sus acciones en Uncía para recuperar los cadáveres de cuatro policías.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, fue recibido a dinamitazos y con muestras de hostilidad y amenazas al llegar, el pasado domingo 30 de mayo, a la comunidad de Saca Saca, Uncía, para indagar detalles relativos al linchamiento de cuatro policías, y debió huir para salvar su integridad física.

Villena hizo esa revelación al presentar ayer un informe a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, ante la que expuso el Informe Defensorial correspondiente.

La autoridad llegó a ese sitio una semana después de que cuatro policías de Oruro fueran atrapados por comunarios de los ayllus laime y qaracha.

La comisión de la Defensoría del Pueblo entabló contacto con una autoridad originaria, Segunda Mayor, del ayllu layme en Saca Saca, donde se produjo el cuádruple asesinato.

El líder campesino, según el referido documento, “inicialmente se molestó bastante por haber ingresado al lugar sin el permiso correspondiente, aunque lo teníamos (...) Esto generó un clima bastante tenso y hostil (...) Se encontró un clima de animosidad, agresividad y desconfianza de unos 150 pobladores aproximadamente, (quienes) con la detonación de una dinamita interpelaron nuestra presencia, con apelativos tales como ‘¿quién les ha autorizado a que entren?’, ‘¿cómo han ingresado?’ y ‘de este lugar, ahora, no van a salir, ¿para qué han entrado?’”.

Los campesinos detectaron que un integrante de la comitiva portaba una cámara fotográfica y se la arrebataron.

“Se escuchó la detonación de otra carga de dinamita y nos vimos atrapados entre el temor y la esperanza de haber logrado el objetivo de convocar al diálogo (...) Nos despedimos de la autoridad, quien nos solicitó retirarnos inmediatamente, ya que el número de comunarios aumentaba minuto que pasaba” y cundía la exasperación entre los lugareños.

Alguien exclamó: “Que se queden, que pasen la noche aquí en la cancha”.

Por ello, Villena refirió que “tuvimos que abandonar el lugar en forma rauda”.

Un día después llegaron los ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y de Gobierno, Sacha Llorenti, quienes dialogaron con los comunarios por espacio de tres horas y media sin lograr resultados. Ambos dignatarios de Estado retornaron de inmediato a La Paz.

La misión de la Defensoría emprendió el mismo camino poco después, “toda vez que ya se había logrado iniciar el diálogo entre el Gobierno y autoridades de estos ayllus”.

Sin embargo, fueron las gestiones desarrolladas por el fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, y los fiscales Juan Carlos Ramírez y Trifón Romero, las que permitieron recuperar los cuerpos sin vida de los policías asesinados.

Consultado por la diputada Marianela Paco, presidenta de la mencionada comisión legislativa, Villena confirmó la presencia de nueve expertos en criminalística, quienes posiblemente ingresarán a las zonas donde se produjeron los hechos de sangre el miércoles de la próxima semana, después de que concluya la celebración religiosa en devoción a San Antonio ue está en curso actualmente.

La principal conclusión de la Defensoría es que la muerte violenta de los cuatro uniformados no fue un acto de justicia comunitaria, sino un linchamiento que violó el precepto constitucional referido a la justicia indígena, el cual establece el respeto a la vida y a la integridad física de las personas.

Villena ve un Estado ausente

El Defensor del Pueblo criticó la ausencia de medidas preventivas de los organismos competentes del Estado ante los hechos de Uncía, que “son consecuencia de una serie de acontecimientos y hechos, como homicidios, exacciones, coimas y otros actos ilícitos no investigados ni esclarecidos” pese a las denuncias de los lugareños.

Si bien el Defensor apuntó de esa manera a los policías, aseguró que se advierte claramente la ausencia del Estado ante hechos como “el contrabando de vehículos en el norte de Potosí, que dan lugar a la incursión de personas dedicadas a este ilícito, donde la participación de algunos pobladores de los ayllus es manifiesta”, según el informe de la Defensoría.