jueves, 3 de junio de 2010

BOLIVIA INCREÍBLE: LA NUEVA REPÚBLICA CHUTA DE UNCÍA SE DIO A SI MISMA UNA CONSTITUCIÓN DE 3 PUNTOS: CONTRABANDO, PENA DE MUERTE E IMPUNIDAD

LA PRENSA (BOLIVIA)
Ayllus linchadores plantean un pliego de apoyo al contrabando
El Consejo de Mallkus de los cuatro ayllus de Uncía, Layme, Aymaya, Paraka y Qaracha, presentó ayer por la tarde un voto resolutivo que contiene cuatro puntos que favorecen al contrabando de automóviles, rechazan nuevamente una investigación en su contra por la muerte de los cuatro policías linchados el lunes 24 y anunciaron que hoy analizarán la probable devolución de esos cadáveres.

En conferencia de prensa, Boris Antonio Colque y Delfín Chocotea Huanca, mallkus de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosino (FAOI-NP), presentaron el documento aprobado en la reunión que se reanudó ayer después de un cuarto intermedio abierto el lunes.

El primer punto del documento señala que el Consejo autoriza una “investigación de las causas de por qué ingresaron los cuatro policías a la región”.

Se plantea además la “aplicación y el respeto a la justicia comunitaria”.

El tercer acápite exige la inmediata “nacionalización de los autos ‘chutos’ pertenecientes a los comunarios”.

El cuarto y último establece la “ratificación de la declaratoria de ‘zona roja’”, entendida como aquel territorio por donde pueden circular sin problema algunos vehículos sin documentos y mercadería de contrabando y a la que no podrán ingresar ni la Policía ni la Fiscalía.

De hecho, esta decisión se tomó el miércoles 26 en un cabildo campesino.

Los representantes de los cuatro ayllus mencionaron que convocaron a un cabildo, que se realizará hoy y que tendrá la finalidad de analizar la devolución de los cadáveres.

La sesión de las autoridades originarias cumplida ayer contó con la participación del vicario católico del norte potosino, sacerdote William Ugarte, con cuya finalidad recibió la autorización correspondiente de los campesinos.

En principio, La Prensa mencionó que en este conflicto estaba involucrado el ayllu Jucumani, que forma parte del nuevo municipio de Chuquiuta, donde estos comunarios están asentados.

Una de las autoridades originarias de este ayllu declaró a este diario: “Nosotros nada tenemos que ver con ese problema. Nosotros ahora somos otro municipio”, pero no quiso identificarse.

Los campesinos de Uncía se niegan a que la justicia investigue el linchamiento de los cuatro policías, sino exclusivamente por qué llegaron a esa zona. Aseguran haberles aplicado justicia comunitaria, pues los acusaron de haber asesinado a un taxista de 19 años, Adalid Escapa, el viernes 21 de mayo y de haber extorsionado a otros comunarios.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite Cruz; la viceministra de Justicia Indígena Originaria y Campesina, Isabel Ortega, y estudiosos en la materia coincidieron en definir el hecho como un asesinato, no como justicia comunitaria.

Horas antes de que se conociera ese documento, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró: “Con mucha claridad que no va a haber ningún tipo de indulto ni amnistía. Cualquier crimen de esta naturaleza tiene que ser investigado, y los responsables, procesados y sancionados. Esta situación es absolutamente innegociable y en ese sentido reitero que continúan las gestiones”.

Llorenti y el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, visitaron la zona en conflicto el lunes, pero ninguno llegó a entablar conversaciones con las autoridades originarias, pues exigieron la devolución de los cuerpos de los victimados para que reciban cristiana sepultura. Ante la negativa de los lugareños, retornaron a La Paz.

El Ministro informó que conversó “con el Fiscal de Distrito de Potosí sobre este tema y entiendo que él ahora se encuentra en la zona, el Estado va a actuar, ya que tiene el tiempo para hacerlo”.

La Fiscalía comienza a indagar
El fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, llegó ayer a Uncía, desde donde anunció: “Me voy a quedar hasta solucionar este problema”, según un informe de Radio Pío XII de Siglo XX, población ubicada a 7,5 kilómetros de la capital de la provincia Rafael Bustillo.

Por la mañana, el Director del Ministerio Público potosino sostuvo una reunión privada con representantes de los ayllus en Llallagua y posteriormente se dirigió a la población de Uncía.

Según la Red Erbol, allegados a la autoridad indicaron que ésta averigua datos sobre la muerte de los policías.

Sin embargo, el mismo Fiscal aclaró: “En las jornadas precedentes estuve fuera (del país) en un curso, por lo que no sé mucho sobre este problema y no quiero dar declaraciones”.

Por la tarde, el jurista dialogó con miembros de la Iglesia Católica en Uncía.

La CSUTCB condena linchamientos
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) condena los actos de violencia cometidos en Cala Cala, municipio de Uncía, que no fueron un hecho de justicia comunitaria, informó ayer a La Prensa Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la matriz agraria nacional.

“La justicia originaria campesina no admite los linchamientos, que son actos delincuenciales. De manera contundente, digo que somos respetuosos ante la vida, así como estipula nuestra Constitución, que nosotros mismos hemos elaborado”.

La matriz sindical campesina solicitó que se haga una investigación minuciosa del caso, “que se busque a los culpables, de dónde emergió y cómo nació esta situación. Repito: el linchamiento no se puede admitir bajo ninguna justificación”.

Una de las políticas trazadas por la CSUTCB, desde su fundación, dijo el dirigente, es la defensa de la vida, “por lo tanto, el Ministerio Público se encargará de investigar. Sus autoridades verán los mecanismos para encontrar a los autores y la forma de que el Estado controle Uncía”.

Consultado en torno al fuero que deberá procesar a los responsables de las cuatro muertes, Coraite afirmó que “deberá ser la justicia ordinaria, que está vigente, mientras no tengamos debidamente delimitados los alcances de la justicia comunitaria”.

Reiteró que en cuanto estos mecanismos de administración de justicia sean debidamente reglamentados, “no significará que se repitan esos actos. De ninguna manera. La justicia indígena tiene formas para disciplinar a la gente, a través de castigos ejemplarizadores, pero que no alcanzan características de hechos criminales”.

Si bien no pudo precisar las circunstancias en las que ocurrió la muerte violenta de los cuatro policías, denunció que no hay presencia de administradores de justicia en la región y cuando los campesinos denunciaron abusos y excesos en los que incurrían los policías “jamás avanzaron las investigaciones y todo quedó en la impunidad. Creemos que ese factor ha dado lugar a una reacción de los hermanos del norte potosino y éstos cometieron semejantes atrocidades”.

Este fenómeno de ausencia de procedimientos de reparación se presenta en casi todas las áreas rurales del país. “La justicia se ha ausentado del país y, en alguna medida o exagerada según algunos compañeros, es injusticia, cuya balanza se inclina hacia el lugar donde pesa más el dinero”.

Pese a ello, “los cadáveres de los policías deben ser devueltos. Es algo racional y humanitario. Si los hermanos saben dónde están los cadáveres, deben decirlo para que sus familiares les den sepultura conforme a su conciencia”.