domingo, 6 de junio de 2010

BOLIVIA: JUSTICIA COMUNITARIA ORIGINARIA CAMPESINA Y JUSTICIA INDÍGENA COLONIAL ESPAÑOLA

por Flavio Dalostto

Este viernes nomás, en el artículo "Bolivia: Datos de la república Chuta de Uncía y la venganza de los españoles", escribía "Todo parece indicar que lo que ciertos indígenas llaman 'justicia comunitaria', no tiene origen indígena, ni quechua ni aymara, sino que es un resabio del sistema de castigos colonial, español y católico, que a su vez se origina en la época más oscura del Medioevo, regida por la Inquisición de la Iglesia que se dedicó a inventar las más variadas técnicas de hacer sufrir a los seres humanos, incluso hasta hacerlos morir, llegando a convertir a la crueldad en un arte exquisito".

Solo un día después, este sábado, la ministra de Justicia, Nilda Copa, -coincidiendo conmigo- culpó de este hecho (los linchamientos) al "modelo colonial", así como también al hecho de que "esa región se ha convertido en zona roja del narcotráfico y al contrabando manejando por ayllus".
Según la máxima autoridad de Justicia del Ejecutivo, "el linchamiento viene del 'modelo colonial' y no de los pueblos originarios indígenas que respetan la vida y viven en armonía con la naturaleza, por lo que lo ocurrido en Uncía no es justicia comunitaria".
“Para nosotros la justicia comunitaria es resolver nuestros problemas en armonía y respetando la vida, no es el linchamiento”, dijo.

Esto, ya es un avance, el hecho que el gobierno reconozca que no todo acto juzgante, por más que sea ejercido por un cabildo indígena comunitario, es justicia indígena originaria. Los linchamientos a los 4 policías, son "indígenas", porque fueron cometidos por indígenas, y Sí fue comunitario, porque fue decidido y ejecutado por un cabildo comunitario. Por lo tanto, y hasta aquí, los 4 linchamientos fueron "justicia indígena comunitaria". Lo que no fueron esos 4 linchamiento es "originario". Porque esa práctica "ajusticiante" que rige en algunas comunidades altiplánicas y urbanas, no es originaria de los indígenas, sino colonial, resabios de los castigos españoles y católicos, que a su vez tuvieron su raíz en el oscuro medioevo de la Inquisición.

Entonces, los que hoy llamamos "justicia comunitaria", es el resultado de un sincretismo entre la "justicia indígena originaria (quechua-aymara)" y la "justicia española católico-colonial", que dio por resultado un engendro, donde ambas conviven. Los castigos, como tener que compensar a un damnificado, o reparar un daño con trabajo comunitario e incluso la expulsión de la comunidad son propias de la cosmovisión andina de los aymaras, quechuas y otros pueblos andinos. Por el contrario, el flechazo, el chicote, la tortura y el linchamiento son de origen colonial español, que algunos grupos de indígenas del altiplano incorporaron a sus costumbres, en los siglos en que Bolivia era "el Alto Perú".

Ermo Quisbert, nos dice que"La Justicia comunitaria es una institución de Derecho Consuetudinario que permite sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del Estado, sus jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las autoridades naturales de la comunidad hacen de equilibrantes entre las dos partes enfrentadas".

Por lo tanto, lo que los ayllus de Uncía han ejecutado sería justicia comunitaria indígena colonial, prácticas que algunos grupos incorporaron a su justicia comunitaria. Por lo tanto no constituye parte integral de la Justicia Indígena Originaria Campesina, porque de ninguna manera es "originaria" del Ande. El espíritu y la letra de la nueva Constitución Boliviana destaca y reconoce una Justicia Indígena apellidándola "Originaria", y claramente le pone "topes" y "límites", como el no reconocimiento de la pena de muerte ni la tortura.

El problema aquí, como todo proceso que ha sufrido opresión colonial y sincretismo obligado, es que bajo el rubro "justicia comunitaria", conviven dos modos: los castigos de origen colonial católico-español, y los castigos de origen andino aymara-quechua. Los primeros, tendientes a aplicar la crueldad e incluso la muerte, los segundos dedicados a encontrar un equilibrio entre las partes en conflictos, llegando en caso de asesinato a la expulsión del asesino.

De lo que se deduce que, si como el gobierno de Evo afirma que lo ocurrido en Uncía "No es justicia comunitaria", no hay porque justicar esos crímenes y éstos deben tramitarse en la justicia ordinaria, sin excusas ni justificaciones. Tampoco sirven aquí, las justificaciones de algún ministro del gobierno de que "los ayllus fueron utilizados por contrabandistas", porque eso es descalificar a los pueblos indígenas, tratándolos igual que en la colonia como "menores de edad", "sin comprensión de lo que hacen". Además, el cabildo soberano de los ayllus de Uncía se ha hecho cargo de esos crímenes y en ningún momento dicen que fueron "obligados" o "utilizados".

Lo que se hace imperioso es definir lo que es justicia comunitaria originaria campesina, para cada cultura o marka o ayllu, a través de reglamentos o estatutos internos que sean refrendadas por la Asamblea Plurinacional; para que las dudas se disipen de una buena vez por todas, y el asunto no se convierta en agua para el molino de la oposición, como ha sucedido con los hechos de Uncía.

Y una advertencia gratis: Más allá que en la histyoria de Bolivia, el 100% de los linchamientos han quedado impunes, si el gobierno de Evo no encuentra a los culpables de los 4 crímenes de Uncía, ni los detiene ni se les inicia proceso en la Justicia Ordinaria; el gobierno habrá reconocido "de hecho" a la justicia comunitaria indígena colonial, que la Constitución no reconoce. Esto produciría un socavamiento en la credibilidad del Proceso de Cambio y sería la sepultura del Premio Nóbel de la Paz, con el que sueñan muchos de los seguidores de Evo, porque como diría el mismo Evo: "la Justicia es clave para la Paz Mundial".

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