viernes, 18 de junio de 2010

BOLIVIA: MINISTRO DE GOBIERNO SACHA LLORENTI Y JEFE DE POLICÍA OSCAR NINA, SERÁN JUZGADOS PENALMENTE POR SUCESOS DE REPÚBLICA CHUTA DE UNCÍA

LOS TIEMPOS (BOLIVIA)
Ministro Llorenti y general Nina se someterán a la justicia ordinaria
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el comandante General de la Policía, Oscar Nina, coincidieron por separado en expresar su predisposición de someterse a un proceso judicial en la Fiscalía y comparecer ante esa instancia por el asesinato de cuatro policías de Diprove, ocurrido en Sacaca próximo a Uncía Norte de Potosí.

El ministro Llorenti advirtió que tras esas acciones existe una intencionalidad política de la oposición que pretenden "obstaculizar" el trabajo que se realiza para esclarecer los móviles del asesinato de los policías por parte de comunarios de Sacaca.

"Nosotros somos los más interesados en que haya una investigación profunda de estos hechos, sabemos que la razón es estrictamente partidaria de algunos diputados que pretenden obstaculizar el trabajo que se viene desarrollando. A mí me hubiera gustado que esos diputados hubieran estado en Uncía", dijo.

Para Llorenti el tema de la negligencia, tal como advirtió en este caso el propio Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lo toma de quien viene. "Nosotros nos vamos a someter a este y cualquier investigación y vamos a estar donde cualquier autoridad competente que nos convoque. Lo que ha hecho el Fiscal General es lo que tenía que hacer, no tenía otra forma de tramitar la denuncia que ha recibido", sostuvo.

Por su parte, el general Oscar Nina, aseguró que asumirá su defensa ante el Ministerio Público. "El general Nina es un hombre de Ley y se va a someter a todas las disposiciones legales y va a comparecer ante las autoridades competentes para explicar las razones a las que me sean convocadas", manifestó.

El jefe policial señaló que cuenta con un informe sobre los móviles del asesinato de los cuatro policías de Diprove ocurrido entre el 23 de mayo al 1 de junio pasado, en Sacaca.

"No es bueno hacer especulaciones o criterios anticipados, dejemos que las autoridades digan su palabra. Nosotros hemos informado en el momento oportuno, sobre lo que estaba sucediendo en Uncía y eso es de conocimiento público, inclusive el mismo Defensor del Pueblo que ahora critica las acciones de la Policía", dijo.

No obstante, el diputado Jaime Navarro (UN) criticó la actitud pasiva de las autoridades del Gobierno para rescatar los cuerpos de los policías ajusticiados y en el esclarecimiento de este luctuoso caso, al considerar que ya pasaron más de 26 días y hasta el momento el Gobierno no toma el control en la zona.

"Lo que esta claro es que el Gobierno no tiene presencia de Estado en muchas partes del territorio nacional y que las autoridades llamadas por ley para investigar delitos comunes como el asesinato de los cuatro policías no puede hacerlo, eso pone en entre dicho el trabajo que esta realizando la Policía y el Ministerio de Gobierno.

No es posible que ahora se pretende desviar la investigación con una necropcia cuando lo importante es dar con los autores del asesinato y castigar la omisión y el incumplimiento de deberes", dijo.

El Fiscal General, Mario Uribe, remitió una orden a la Fiscalía de La Paz para que se procese penalmente al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el Comandante de la Policía, Óscar Nina; y los comandantes departamentales de Potosí, Orlando Ávila; y Oruro, Mario Hinojosa por el caso del linchamiento de cuatro policías suscitado en ayllus de Potosí.

La decisión surgió luego que el partido opositor Unidad Nacional (UN) presentara una denuncia contra estas autoridades, la Fiscalía General dio curso para que éstas sean investigadas por los delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento.

Las críticas subieron de nivel al conocer que uno de los efectivos muertos, el suboficial Nelson Alcocer, habría perdido la vida el 30 de mayo, seis días después que sus tres camaradas y mientras el Ejecutivo negociaba con los ayllus.

El 23 de mayo, Alcocer junto a Rubén Cruz, Esteban Alave y Miguel Ángel Ramos fueron retenidos por comunarios de los ayllus de Uncía. Días después se conoció que los cuatro habrían sido torturados y ejecutados.