sábado, 5 de junio de 2010

BOLIVIA: REPÚBLICA CHUTA AMENAZA DE MUERTE A FAMILIAS DE POLICÍAS ASESINADOS

LA PRENSA (BOLIVIA)
Estado no rescató cuerpos y amenazan de muerte a familias
Traslado: restos del cabo Rubén Cruz cuando eran llevados al Comando policial

Gestiones: Los familiares, con la ayuda de un sacerdote católico, persuadieron a los campesinos de devolver los cadáveres.

Ninguna autoridad del Estado participó en la negociación y rescate de los cuerpos de cuatro policías linchados por dos ayllus en Uncía entre el 23 de mayo y el 1 de junio. Las gestiones fueron hechas por los familiares de los fallecidos, quienes recibieron amenazas de muerte en caso de que les abran una querella criminal.

Los campesinos condicionaron la entrega de los cuerpos sin vida a que no se abra una investigación para sancionar a los autores de los crímenes.

Los parientes fueron obligados a firmar un documento por el que desisten de abrir acciones penales, incluso hasta en un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad por las muertes de los policías Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos.

Los campesinos acusaron a los cuatro uniformados de haber asesinado a un taxista de la región el viernes 21 de mayo. Para llevar adelante las gestiones, las familias de los muertos recibieron el apoyo de su abogado, Johnny Wálber Castelú, y del vicario del norte potosino, William Ugarte, tras el fracaso de los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, y del defensor del pueblo, Rolando Villena.

A las 14.00 del jueves 3, los familiares entregaron a los campesinos un memorial en el que se comprometen a no iniciar acciones legales en contra de ellos, es decir a no querellarse, y adjuntaron fotocopias de sus cédulas de identidad. Un familiar de uno de los fallecidos dijo que teme por su seguridad, pues en su documento figura su dirección actual.

Dos horas más tarde, los lugareños, que tienen asesoramiento de abogados penalistas, les exigieron entregar otro documento de desistimiento de demanda en caso de que ésta fuera abierta.

Parecía que todas las demandas habían sido satisfechas y era inminente la entrega de los cadáveres, pero los comunarios reaccionaron enfurecidos al conocer las declaraciones del defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo que la devolución era cuestión de horas.

Cerca de las 19.00, Castelú recibió la llamada de un enfurecido Segunda Mayor, quien le acusó y a sus representados de filtrar información a terceros. Una de las condiciones innegociables era que nadie más participara en el proceso, mucho menos periodistas o autoridades nacionales.

El abogado recordó que entonces se desató una sensación de angustia muy fuerte en el grupo. Cuando parecía que la misión tendría éxito, surgía un inconveniente de último momento. “Tuvimos que convencer a las autoridades originarias de que nada teníamos que ver con el Defensor del Pueblo, que no nos habíamos comunicado con nadie y que no sabíamos cómo éste conocía el caso”.

Los campesinos respondieron que analizarían el caso y que llamarían más tarde. Las horas fueron pasando y la tensión crecía entre los deudos.

La participación del sacerdote Ugarte, quien fue autorizado el martes para participar en la reunión del Consejo de Mallkus, fue decisiva para persuadir a los campesinos de entregar los cuerpos.

La presencia en el lugar de los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, además del defensor del Pueblo, Rolando Villena, no dio resultado alguno.

Castelú y tres personas esperaban inquietos. Alrededor de las 02.00 del viernes, volvió a sonar el celular del abogado. Una voz con acento quechua le confirmó que se había decidido devolver los cuerpos y debían dirigirse a un punto en el área dispersa de Uncía.

La esposa de uno de los ajusticiados, quien no quiso revelar su identidad, dijo ayer a La Prensa que tuvo que disfrazarse de chola potosina para pasar inadvertida y moverse con alguna libertad, pues sus compañeros habían sido individualizados por los comunarios, quienes controlaban todos sus pasos.

“Viera usted, dijo entre sollozos, nos hicieron corretear de un lado a otro hasta que amaneció. El frío era muy fuerte y llegaban los llamados para ir a otra parte. Sentíamos que nos vigilaban, sabíamos que había campesinos escondidos en los cerros que miraban por dónde íbamos”.

Al salir el sol, Castelú recibió la instrucción definitiva: “Vayan a tal punto, reciban los cuerpos y váyanse lo más rápido que puedan, si no, no nos responsabilizamos de lo que les pueda pasar”.

Nadie recuerda la hora, nadie consultó su reloj. Llegaron al lugar convenido. El jurista no quiso revelar quiénes lo acompañaron. Fueron en una camioneta alquilada y después de ver los cuatro cuerpos, cubiertos todavía con la tierra que los rodeó en su improvisada sepultura, los subieron al vehículo.

Los cadáveres despedían un fuerte olor a putrefacción. Algunos no pudieron ser reconocidos. Dos tenían la cabeza reventada, no vestían uniforme, aunque quienes los recibieron advirtieron que estaban con la misma ropa con la que salieron de Oruro hacia Huanuni la mañana del domingo 23 de mayo.

Castelú y los tres familiares salieron del lugar a la mayor velocidad posible, ya que el camino no está en buenas condiciones. Pasaron por Uncía, pero como habían circulado por toda la región, la camioneta se quedó sin combustible y sufrió un desperfecto mecánico.

Debían volver a Uncía. Pasó un minibús, pero no los aceptó por la fetidez. Por ello, esperaron una camioneta de la Fiscalía de Potosí. En el trasbordo pudieron envolverlos con frazadas y nailon azul.

Mientras los cuerpos eran llevados a Huanuni, en declaraciones a la red Erbol, el abogado dijo: “Ya hemos recogido los cuerpos, pero por ahora no puedo dar mayores detalles porque estamos en tránsito, ni siquiera hemos podido identificar los cuerpos. Eso seguramente lo haremos en la ciudad de Oruro”.

Las autoridades del Estado aparecieron cuando la comitiva fúnebre estaba casi a mitad de camino entre Llallagua y Huanuni, en Oruro. Según contó Castelú, en un recodo del camino esperaban ambulancias, fiscales y policías.

La comitiva siguió su trayecto y se dirigió a la morgue del Cementerio General, donde los forenses Vilma Gabriel y Julio Valencia practicaron las autopsias. Fue un acto procesal por una demanda interpuesta por el Comando de la Policía.

El acto se llevó a cabo en medio de muchos problemas, pues el lugar no tiene agua y ni siquiera había esponjas para lavar los cadáveres. A las 15.30 comenzó el velorio en un campo deportivo policial.

Ante las amenazas de los ayllus, el fiscal orureño de homicidios Aldo Morales Alconini ofreció plenas garantías a las familias de las víctimas.

Para destacar
El diputado masista Luis Gallego dijo ayer por la mañana que la entrega de los cuerpos fue posible por orden de Evo Morales.

Los familares de los fallecidos protestaron porque fueron ellos, su abogado y un sacerdote quienes realizaron las gestiones.

El legislador cambió su declaración después de oír los reclamos y dijo que él hizo gestiones por instrucciones presidenciales.

El parlamentario oficialista denunció que contrabandistas de autos utilizaron a los ayllus para cometer estos asesinatos.

Los “chuteros”, afirmó, son oriundos de Cochabamba, Santa Cruz y otros distritos del interior del país.

El asambleísta es integrante del ayllu aymaya, uno de los cuatro establecidos en el municipio de Uncía.