domingo, 13 de junio de 2010

BOLIVIA: REPÚBLICA CHUTA DE UNCÍA DONDE REINA EL CONTRABANDO Y GOBIERNO NO LOGRA ASENTAR SOBERANÍA

OPINIÓN (COCHABAMBA)
Uncía se convierte en paraíso del contrabando
MYTHYL ANTEZANA T. mantezana@opinion.com.bo

La muerte de cuatro policías deja en evidencia la corrupción y violencia que reina en el Norte de Potosí.

Una de las regiones más pobres de Bolivia, como es el Norte de Potosí, se ha convertido en un vasto campo para la actividad del narcotráfico y una ruta libre para el ingreso ilegal de vehículos, de contrabando o robados, en un creciente número que oscila entre 200 y 400 por día con destino a mercados locales y paraguayos, de acuerdo a informes oficiales.

Uncía fue declarada como una región libre para el contrabando por los comunarios, cuando se negaron a devolver los cadáveres de cuatro policías de Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) que fueron asesinados en mayo pasado.

Este crimen no sólo mostró la violencia con que actúan los campesinos, sino la corrupción que reina en el lugar.

Y es que las fuentes oficiales confirman que en el Norte de Potosí hay zonas rojas donde el narcotráfico, el ingreso de autos indocumentados y robados, está en su auge y todos siguen la misma ruta.

Los cuatro policías: el suboficial Nelson Antonio Alcócer Casana (48), el cabo Esteban Alave Arias (33), el cabo Rubén Cruz Arequipa (32) y el policía Miguel Ángel Ramos Palluni (21) no se percataron del peligro que había en esta zona donde encontraron la muerte de la manera más horrenda cuando perseguían un vehículo presuntamente robado, de acuerdo a las primeras investigaciones policiales.

Los comunarios tienen otra versión: aseguran que la incursión de los uniformados en esa zona fue la sexta en las últimas semanas antes del crimen haciéndose pasar como agentes del Control Operativo Aduanero (COA) para extorsionar.

Lo cierto es que el factor económico es el que predomina en este lugar, no sólo para los comunarios sino para la misma Policía, unos y otros han institucionalizado algunos cobros para permitir estas actividades ilícitas, lo que forma parte de su diario vivir.

La situación El poblado minero de Uncía (suroeste de Bolivia) es considerado una ruta de los “chuteros” (personas que tienen autos indocumentados), pero también de los vehículos robados.
Las condiciones de lejanía -es una zona poco poblada- con 5.709 habitantes, según el censo 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de pobreza, lo convierten en un lugar ideal para el narcotráfico y el paso de los precursores para la fabricación de droga.

La Policía confirmó que en el lugar se descubrió la fabricación de droga y las investigaciones preliminares establecieron presuntos nexos con uno de los dirigentes de los ayllus involucrados en la muerte de los cuatro policías.

Es así que la ruta para los hechos ilícitos incluye la frontera de Bolivia con Chile y algunos poblados.

Desde Ollagüe, punto fronterizo con Chile, los vehículos atraviesan el mar blanco del Salar de Uyuni para llegar a Uncía, Llallagua o Challapata, éste último considerado una zona roja donde no tienen ingreso los funcionarios del COA, menos los domingos cuando hay una feria de autos.
“Es mentira que no haya zonas rojas, hay estados dentro de los otros estados donde la Policía no puede entrar, le cierran el paso y pueden lincharlos”, dijo una fuente oficial.

Situación similar pasa con el narcotráfico para lo que utilizan vehículos “chutos” y en caso de un contratiempo, principalmente en la ruta del Salar, no les implica una pérdida muy grande. Es a este lugar donde llegan los campesinos de comunidades aledañas que “van charqueando (desmantelando) los autos”. La otra ruta de los motorizados es por Orinoca (pueblo natal del presidente, Evo Morales), según la misma fuente.

El auge Agrega que el comunario en estos lugares alejados tiene un papel, es el que realiza los cobros, da asistencia, alimentación y bebida a los “chuteros”.

Explica que estos cobros se repiten en algunas localidades como Anzaldo, Apillapampa, Arampampa y otros poblados de Cochabamba donde se instalaron trancas para cobrar por el paso de los autos ilegales, montos arriba de 50 bolivianos, dependiendo de la cantidad y el tipo de vehículos.

Pero este tráfico de autos “chutos” también está ligado a los robos. Estos motorizados, la mayoría camionetas, vienen desde Santiago (Chile), según informes policiales y son intercambiados por droga.

Uno de los casos que investiga la Policía es de un sujeto conocido como “tikin camba” que transita entre Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Está involucrado en robos de vehículos en Chile desde donde llega a la frontera con Bolivia para intercambiarlos por droga.

“De estas actividades ilícitas también participan los campesinos que tienen en sus casas hasta dos vehículos y son de lujo”, indicó.

Situación
La población de Uncía está considerada como una ruta para la internación de vehículos indocumentados al país.

Vínculos
El tráfico de vehículos en la zona de Uncía, está ligado a otras actividades ilícitas, como la extorsión y el robo.

La extorsión y los cobros excesivos
La Policía tiene como misión específica la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes, según la Constitución Política del Estado. En las comunidades alejadas, se debe mantener esta misión, sin embargo, no es un secreto que muchos la dejan de lado para sobrevivir porque los altos mandos no les dan las condiciones suficientes para el buen desempeño de sus funciones. Si bien esto no es un justificativo, hay casos extremos donde se dedican a extorsionar y realizan cobros irregulares, en especial en las fronteras. Existen casos en los que los policías se vuelven choferes de los “chuteros” y reciben 100 dólares por viaje.
Cuando ellos ingresan vehículos ilegales hasta la ciudad, ganan entre 300 y 400 dólares. Al Chapare la ganancia es entre 600 y 800 dólares, montos atractivos que les invitan a dedicarse a esta actividad ilícita.
El otro extremo es de algunos policías que cometen una serie de abusos. Eso pasó con un oficial en el grado de mayor que tiene una denuncia en su contra en Llallagua. Lo destinaron a Uncía, a 20 kilómetros de la comunidad de Saca Saca donde fueron asesinados los cuatro policías.
Denuncia
Un documento hace referencia a que un oficial cobraba Bs 200 para dejar pasar cada vehículo “chuto”.

La situación del país en torno al contrabando, narcotráfico, el ingreso de vehículos “chutos” (indocumentados) y robados, fue motivo de consulta al comandante general de la Policía, general Oscar Nina, sobre todo luego de la muerte de cuatro policías presuntamente asesinados por contrabandistas que declararon a Uncía como zona libre para el contrabando.

P: ¿La Policía puede ingresar a Uncía?

R: La presencia policial es en todo lugar. No es así como dicen que no se puede ingresar. Acá (en Cochabamba), se habló lo mismo, si recuerdan en Pantipata pasó eso. Por las características de cada caso en Pantipata fue una situación emergente que provocó una alta amenaza de violencia y nosotros somos preventivos, por eso nos retiramos.

P: ¿Volvieron después de estos hechos con normalidad?

R: Sí, porque con la acción policial no sólo en ese lugar sino en todo el país, se evitan violaciones, asesinatos, muertes pero no se valora el trabajo de la Policía.

P: ¿Qué acciones están asumiendo en Uncía?

R: Lamentablemente se han determinado ciertos conceptos que están dirigidos a la inseguridad cuando no es la realidad total. Ahora mismo estamos trabajando en el lugar. Tenemos a la Fiscalía y a la Policía en el lugar, están en pleno proceso investigativo y como saben el caso está radicado en Potosí.

P: ¿Ya hay algunos avances para determinar la causa de la muerte de los cuatro policías?

R: No podemos adelantar nada, pero lo cierto es que todos los que sean identificados como los autores, cómplices o encubridores, van a sentir el peso de la ley. No es posible secuestrar, torturar y matar a las personas con un falso concepto de justicia comunitaria. Debe prevalecer el derecho a la vida porque se están confundiendo los conceptos y se llega a estos niveles.

P: ¿Hay zonas rojas o libres para el contrabando?

R: No pueden haber estas zonas rojas porque la Policía tiene un mandato que cumplir y está presente incluso en las regiones más alejadas. Hay trabajos de coordinación con el COA (Control Operativo Aduanero), como por ejemplo para detener el contrabando, contra los vehículos ilegales y todo un plan de trabajo que se ha implementado y está dando buenos resultados. La Policía está trabajando donde así se requiere.

No pueden haber "zonas rojas" porque la Policía tiene un mandato que cumplir y está presente en todas las regiones.

Comunidades aún aplican la pena de muerte por delitos
Las comunidades indígenas originarias y campesinas aún aplican la pena de muerte por delitos muy graves en el marco de la justicia comunitaria, pese a que no está reconocida en la Constitución boliviana.

Así lo explicó la etnopsicóloga, Esther Balboa que realizó una serie de investigaciones en todo el país. Asegura que en estos casos hay un pacto de silencio seguido de un mito, donde se cree que nunca se encuentran los cadáveres de quienes fueron ajusticiados. En el caso de Uncía y el asesinato de cuatro policías explica que existen algunos elementos que apuntan a que se trató de un caso de justicia comunitaria; también reconoce que debe haber un proceso de investigación para determinar exactamente lo que sucedió. Otra hipótesis es que la población se encuentra amedrentada por unos cuantos que se convirtieron en asesinos al linchar a los uniformados.

“En una sociedad si alguien traspasa los límites de lo permitido hay reacciones. El linchamiento no es justicia comunitaria pero podría ser una decisión comunitaria, por ejemplo la pena de muerte que se da en otras sociedades”, indicó.

Al cabo de sus investigaciones concluye que la cosmovisión indígena no es primitiva, articula sucesos que tienen sus límites que “son duros como también castigables”.

“La justicia comunitaria aún no ha asumido para qué o porqué, e incluso con qué visión se aplica la pena de muerte”, agregó.

Dijo que se aplica esta sanción en los casos de violación de niños o niñas como en otros delitos graves como el asesinato. Recordó que existen muchos pasos para llegar a esta decisión, es un proceso burocrático que requiere de la presentación de testigos, argumentaciones de la familia, conocidos, víctimas y otros ayllus que confirmen estos hechos. “Esto pudo haberse dado en el caso de los policías que estuvieron secuestrados varios días para después ser asesinados y ocultar los cadáveres que después fueron entregados bajo presión, se dice que el mismo Presidente les pidió entregar los cuerpos”, refiere.

Agregó que en estos casos no se personaliza al que mata, es un secreto. Ni siquiera aparece el cadáver, la culpa se reparte entre todos porque hay un pacto.

“Se crean mitos como por ejemplo alimentar a las montañas para cambiar el descontento y lo hace toda la comunidad”, agregó.

Finalmente sugirió que exista una instancia de conciliación entre la justicia ordinaria y la comunitaria como también mayor presencia del Estado.

Policía
Ocupa el último lugar en confiabilidad

Esto provoca la falta de respeto a la autoridad y el Estado no hace nada para mejorar la imagen de esta institución. Las víctimas casi siempre son policías de bajo rango que responden a los altos mandos.