miércoles, 2 de junio de 2010

BOLIVIA: REPÚBLICA CHUTA DE UNCÍA CHANTAJEA AL GOBIERNO DE EVO

LA RAZÓN (BOLIVIA)
Ayllus darán los cadáveres si hay indulto
Los comunarios demandan que se reconozca la justicia comunitaria para evitar ser procesados. Según el Defensor del Pueblo, los indígenas realizan turnos para vigilar, y tienen piedras y chicotes
Williams Farfán V.

Comunarios de cinco ayllus potosinos, reunidos ayer en un cabildo, condicionaron la entrega de los cadáveres de los cuatro policías linchados a que la justicia ordinaria no investigue el caso. La versión acerca de lo ocurrido en el encuentro de bases, que se desarrolló bajo estricto hermetismo, corresponde a un comunario.

La persona, que pidió a La Razón no ser identificada por razones de seguridad, contó que se exigieron tres condiciones. La primera, que se respete la justicia comunitaria, hoy reconocida en la Constitución Política del Estado.

Según un despacho de radio Fides en su sitio web, otra fuente manifestó que se entiende que “la misma incluso reconoce la muerte”.

La segunda exigencia es que se investigue el asesinato de siete personas en los últimos seis años, supuestamente, a manos de policías corruptos, dado que las víctimas del lugar se dedicaban a internar vehículos de contrabando. Como último punto se demanda que las autoridades repongan los motorizados robados en dichos asesinatos.

Hace 10 días, comunarios de cinco ayllus de Uncía ajusticiaron a cuatro policías a los que acusaron de extorsión, y luego declararon a la región zona roja. Los familiares de las víctimas claman por la recuperación de los restos para darles sepultura.

El Gobierno —a través de los ministros Sacha Llorenti (de Gobierno) y Óscar Coca (de la Presidencia)— aseguró el lunes que la vigencia de la ley no se negocia y que se debían realizar dos indagaciones sobre el hecho.

El presidente Evo Morales reafirmó ayer la posición. La primera, dijo, debe estar abocada a conocer las circunstancias de la muerte de los uniformados y la segunda a conocer qué hacían los efectivos en Uncía cuando pertenecían a una unidad de Oruro.

“Esperemos que el Ministerio Público pueda avanzar raudamente en este hecho lamentable y repudiable. Las gestiones del Gobierno van a seguir”, añadió.

La red Erbol reportó que una comisión de la Fiscalía partió a Uncía, pero el representante de la Defensoría del Pueblo local, Juan José Tórrez, dijo que se decidió parar la avanzada hasta tener señales de que los ánimos de los comunarios se han calmado.

El vicario episcopal del Norte de Potosí, William Ugarte, informó que el cabildo de los ayllus layme, puraka, aymaya y karacha, realizado en la subsede de Karacha, entró en cuarto intermedio. “El cabildo aún no concluyó y este miércoles continuará”, dijo.

La reunión habría empezado en la mañana y concluyó cerca de las 20.00. A la cita asistió el diputado Luis Gallegos (MAS), originario de la región, quien se habría retirado a su ayllu, aymaya, aunque también se prevé que regresó a La Paz. El propio Gallegos dijo que fue chicoteado por sus coterráneos por pretender negociar.

Entretanto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que hoy tendría que recibir la respuesta de los ayllus sobre la entrega de los cadáveres.

Los policías asesinados
Los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alave Arias y Miguel Ramos Palluni fueron linchados en Saca Saca (Uncía). El reporte oficial indica que pertenecían a la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro. El 23 de mayo habrían ingresado a Uncía tras un vehículo de contrabando.

Familiares renuncian a demanda
Familiares de los policías de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), que fueron ajusticiados por los ayllus de Uncía, renunciaron a interponer alguna demanda judicial si es que se les devuelve los cuerpos.

El grupo llegó ayer a Uncía a las 13.15 para reunirse con el vicario episcopal del Norte de Potosí, William Ugarte, al que le pidieron formalmente que sea el mediador para recuperar los cadáveres.
El encuentro se desarrolló en predios de la radio de esa población potosina.

El abogado Jhonny Castelú señaló que se había decidido que las familias de los policías ingresen de rodillas y con pañuelos blancos a Cala Cala-Saca Saca, pero esto se descartó porque el párroco del lugar alertó que sería arriesgar su vida debido a que los comunarios están inquietos.

“Nos aclaró el párroco que los comunarios tienen el temor de ser perseguidos judicial y legalmente, por esto es que para tener el resultado esperado las familias renuncian de manera expresa a realizar acciones legales contra los dirigentes, con el único objetivo de recuperar los cuerpos”, agregó.

Sin embargo, aclaró que si la Fiscalía o la Policía deciden ir por ese camino, no será de responsabilidad de los parientes. “Hemos solicitado de manera formal a la Iglesia Católica que sea la institución que pueda mediar y conciliar, si se puede, para la devolución de los restos de los policías”.

Indígenas hacen vigilia y están armados
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que los ayllus se encuentran armados con piedras y chicotes, no dejan ingresar a cualquier persona al lugar y realizan turnos para vigilar la zona en el día y la noche.

“El permiso sólo puede dar la autoridad segunda mayor en jerarquía. En el día controlan las mujeres, en las noches los varones, y evidentemente ese clima de zozobra hace pensar que las cosas no son pacíficas”, señaló Villena.

A pesar del tenso clima del lugar, el Defensor manifestó que las autoridades originarias no descartaron la posibilidad de entregar los cuerpos de los policías. Sin embargo, le explicaron que tienen que consultar a sus bases la devolución de los cadáveres.

Villena sostuvo que de parte de los ayllus existe mucha desconfianza hacia la Policía. El domingo 23 de mayo, cuando los cuatro uniformados fueron tomados como rehenes, al parecer “el vehículo en el que iban éstos, donde había dinero, fue capturado y luego quemado por los comunarios”.

Los dirigentes de los indígenas denunciaron al Defensor la muerte de siete de sus compañeros en seis años. “Preguntaron en qué quedarán esos casos”, indicó.

La autoridad expresó que en la zona hay ausencia del Estado. “Hay infraestructura y servicios básicos, pero son insuficientes”, declaró. Añadió que ni la Fiscalía ni la Policía cumplen a cabalidad con su labor en esa región.