sábado, 3 de julio de 2010

BOLIVIA: GOBERNADOR DE COCHABAMBA DEL MAS, EDMUNDO NOVILLO RESPALDA AMENAZA DE COCALEROS A INDIOS DE CIDOB

LA PRENSA (BOLIVIA)
El MAS hostiga y desacredita a sus partidarios discrepantes
Caminata: indígenas de tierras bajas llegan a Ascensión de Guarayos, ayer

Acusación: El Gobierno denunció ayer que la marcha indígena busca pegas en el Ejecutivo, y los campesinos masistas quieren frenar la movilización en San Julián.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) hostiga y desacredita a sus partidarios disidentes que respaldan la marcha de los indígenas de tierras bajas por autonomía indígena, y alista el primer cerco campesino en San Julián para evitar que lleguen a Santa Cruz.

El jueves, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín al Gobierno, David Coraite, demandó la expulsión del ex viceministro de Tierras y hombre “clave” del Ejecutivo en el tema de tierras Alejandro Almaraz, del partido oficialista, porque afirmó que las demandas de los indígenas son legítimas y que son vulneradas por el Gobierno de Evo Morales.

El diputado de la circunscripción especial del Beni Pedro Nuni está amenazado con la expulsión de la Asamblea Legislativa “por flojo” y por respaldar la marcha de la CIDOB. El jefe de la bancada de senadores del MAS, Isaac Ávalos, adelantó que si Nuni es expulsado del Legislativo será porque faltó a dos sesiones en su calidad de Primer Secretario de Diputados.

“Estamos pensando en su cambio porque aquí hemos venido a trabajar, no hemos venido a abandonar el curul, y lo peor es que él es de la directiva de la Cámara de Diputados, no puede abandonar su trabajo. Vamos a suspenderlo si es necesario, (...) ya son dos veces que está fallando, y lo vamos a botar por flojo”.

El representante originario denunció hostigamiento político de parte de sus colegas desde el pasado viernes, cuando junto a seis parlamentarios indígenas instalaron una huelga de hambre en demanda de más escaños indígenas en el Legislativo, que el derecho a consulta tenga efecto vinculante y la profundización de la autonomía indígena.

Además, explicó que pidió permiso para no asitir a sesionar porque tenía que ir a informar a sus bases, razón por la que dejó sus funciones, pero que ahora cumple sus tareas.

A ello se suma la campaña mediática desde los medios gubernamentales contra el líder de la CIDOB, Adolfo Chávez, y otros dirigentes originarios, como Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

El vicepresidente Álvaro García Linera calificó la actitud de los indígenas de la CIDOB de “soberbia”, y ratificó al ministro Carlos Romero como el interlocutor válido para comenzar cualquier diálogo. “Tengo que lamentar la poca voluntad de alguna dirigencia del CIDOB para avanzar en la resolución de los temas que les interesa”, manifestó el mandatario.

Ocho de las 11 regionales afiliadas a la CIDOB iniciaron el miércoles 23 de junio la séptima marcha por tierra, territorio y autonomía, después de que en los dos pasados meses sus negociaciones con autoridades del Ejecutivo en torno a los alcances de la autonomía no llegaran a buen término.

Esta medida de presión es cuestionada por diferentes sectores afines al MAS, e incluso algunos, como los colonizadores de San Julián, analizan la conveniencia de hacer una contramarcha u organizar el bloqueo de caminos con el objetivo de impedir que los indígenas de tierras bajas ingresen a la ciudad de Santa Cruz.

También se añade la amenaza de los cocaleros del trópico cochabambino, quienes ayer ratificaron que frenarán la caminata indígena. Adolfo Chávez, dirigente de la CIDOB, anticipó que si se llega a consumar el ataque cocalero, se confirmará la intolerancia del Gobierno contra los indígenas.

La amenaza cocalera fue respaldada por el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo (MAS), quien dijo que los cocaleros son “soldados del proceso de cambio” y defenderán al Gobierno legalmente constituido.

En tanto, el presidente Evo Morales firmó anoche en el Palacio Quemado un convenio con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), organización a la que alejó de la CIDOB, igual que a la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), Conamaq y otras.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, en declaraciones a radio Alternativa, integrante de Erbol, denunció ayer que los indígenas pidieron cargos jerárquicos en el Órgano Ejecutivo, por lo que la marcha es por cuotas de poder. “Eso lo hemos callado, no hemos dicho nada (...) En la ONG que he estado he administrado recursos y todos auditados y con cuentas bien claras, pero yo no dije nada, y tampoco dije que evidentemente hay una demanda de cuotas de poder y eso es el trasfondo de todas las cosas. Se ha utilizado el pretexto de la Ley de Autonomías porque en realidad la demanda principal era acceder a la Autoridad del Bosque y la Tierra, o lo que era la Superintendencia Forestal”.

Desde Ascención de Guarayos —según El Deber— los marchistas de tierras bajas rechazaron esas declaraciones y reiteraron su amenaza de bloquear la carretera asfaltada Santa Cruz-Trinidad.

Los indígenas llegan a Guarayos
La marcha de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) que partió el pasado lunes 21 de junio de la ciudad de Trinidad llegó ayer a Ascención de Guarayos, donde permanecerá este fin de semana antes de continuar su marcha hacia la sede de Gobierno en demanda de mayor número de escaños, autonomía indígena plena y respeto a la consulta indígena para la exploración y explotación de recursos naturales.

El secretario de Recursos Naturales de la CIDOB, Ernesto Sánchez, en contacto con La Prensa, dijo que la movilizacion de los indígenas será reforzada por otros de la región de Pailón del departamento de Santa Cruz.

Aseguró que este fin de semana se sumarán entre 150 y 200 indígenas de tierras bajas, y explicó que en los últimos días, a pesar de haber recibido críticas por parte de los masistas, recibieron apoyo de otros sectores. Sánchez dijo que el Gobierno y otras organizaciones deben respetar su marcha porque es una protesta reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE). Además, recordó que ninguna de las marchas indígenas realizadas hasta ahora fracasó, “como quiere el Gobierno”.

Opiniones

“No hay inventor que no se arruine con su invento; el Gobierno está empezando recién a recibir la factura de un endiosamiento del tema, de una sobreexpectativa con relación al tema indígena. La Constitución Política del Estado (CPE) plantea que los indígenas tienen el derecho exclusivo al uso de los recusos naturales, se establece la consulta indígena y dos tipos de justicia, y la gente se lo ha tomado en serio. La gente está empezando a querer cobrar, pero ahora el Gobierno se va dando cuenta de que eso va a generar conflictos no solamente con los pueblos indígenas, sino con el resto de la sociedad; entonces, en un retroceso de su propio discurso, tendrá que aceptar que hubo una equivocación, una exageración en sus planteamientos. Y empieza a buscar culpables, los acusará de traidores y los acusará de conspiradores en una lógica poco autocrítica y poco constructiva y democrática; no se solucionan los problemas que ellos mismos han generado acusando y persiguiendo”

Iván Arias Durán / Analista político

“Alejandro Almaraz y Pedro Nuni son las últimas víctimas de una actitud estalinista que se está apropiando del proceso de cambio en el Gobierno. Esto quiere decir que cualquier persona que disienta un milímetro de la visión del Estado por las decisiones que se toman en el Gobierno será sancionada. Digo que son las últimas víctimas porque hay que mencionar a Félix Patzi, Lino Villca, Román Loayza, el propio Mallku, hablando solamente de indígenas. En los procesos revolucionarios suele decirse que las revoluciones devoran a sus propios hijos, parece que esto está sucediendo, porque todas las personas en la actualidad que disienten de las visiones gubernamentales son cuestionadas, incluso hasta darles la muerte civil. Los que osaron participar (opositores) en las elecciones autonómicas ahora son parias, son gente que no va a tener trabajo, nadie los quiere y lo mejor para ellos es que se vayan fuera del país. Es lamentable, y cosas parecidas han pasado en los procesos revolucionarios”.

Carlos Cordero Carrafa / Politólogo