viernes, 30 de julio de 2010

BOLIVIA: MINISTRO SACHA LLORENTI NO VA MÁS

EL DIARIO (BOLIVIA)

Denuncias de corrupción y disputas internas complican al Gobierno

En los últimos días los casos de disputas internas en el MAS, en el Ministerio de Gobierno y los hechos de narcotráfico sumados a las denuncias de corrupción contra la ministra de Transparencia, Nardi Suxo complicaron al Ejecutivo.

Después de seis meses de haber asumido la titularidad del Ministerio de Gobierno, Sacha Llorenti, es cuestionado por sectores políticos y sociales por su gestión en varios casos relacionados con la seguridad ciudadana, que incluso derivaron en enfrentamientos con el saldo de ocho personas fallecidas, según registros hemerográficos de los últimos meses.

CASO UNCÍA

El asesinato de cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robos de Vehículos (Diprove) en el ayllu de Qara Qara, limítrofe con el municipio de Uncía a finales de mayo, fue motivo de serias observaciones por parte de familiares de las víctimas, políticos e incluso el Defensor del Pueblo.

Los policías fueron ejecutados por comunarios del sector, tres el mismo día de su secuestro y, uno, luego de que el propio ministro Llorenti se dirigiera al lugar para buscar una solución al conflicto, según los últimos informes.

Legisladores de la oposición presentaron entonces una denuncia formal en la Fiscalía de Distrito de Sucre contra el Ministro de Gobierno y otras autoridades por la supuesta negación de auxilio e incumplimiento de deberes al momento de rescatar a los efectivos de Diprove.

El propio Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en un informe oficial basado en visitas al lugar e indagaciones forenses, señaló que existió “inacción” de parte de las autoridades del Ejecutivo, en especial del cuestionado Ministro.

Familiares de las víctimas coordinan actualmente una querella criminal en contra del titular de Gobierno, Sacha Llorente y de tres Comandantes de la Policía.

CASO CARANAVI

En abril el Ministerio de Gobierno decidió intervenir en el bloqueo que realizaban comunarios de Caranavi, quienes solicitaban atención a sus demandas, así como la instalación de una planta procesadora de cítricos para el desarrollo de la región.

La intervención con el despliegue de efectivos policiales concluyó en enfrentamientos que dejaron como saldo dos personas fallecidas víctimas de disparos por armas de fuego.

Los comunarios de Caranavi exigieron la renuncia de Sacha Llorenti por considerar que hubo represión y exceso de violencia al desbloquear la carretera al norte del departamento de La Paz.

CASO OLORIO

En un polémico caso, donde quedó cuestionada la labor desde el Ministerio de Gobierno, se refiere al atraco del peaje de la Autopista La Paz- El Alto el 4 de julio, donde un efectivo policial fue victimado. Uno de los sospechosos, arrestado en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la urbe alteña, fue torturado y posteriormente perdió la vida.

El hecho de la muerte por tortura provocó que sectores políticos critiquen la forma “dictatorial” de actuar de la Policía Nacional y determinó una llamada de atención para que desde el Ministerio de Gobierno se cambie la estructura de la institución del orden.

CASO ALEMÁN

Durante la última semana, las contradicciones entre las declaraciones del ministro Llorenti y el ex viceministro Gustavo Torrico sobre las funciones del ciudadano alemán Dirck Schmidt en el Gobierno central, demostraron la injerencia de agentes extranjeros en el país y comprobó las diferencias internas en el partido oficialista.

Schmidt, quien fue detenido el 8 de julio en Santa Cruz acusado por supuesto alzamiento armado y conspiración, cumplía funciones desde 2006 como informante para el Ministerio de Gobierno con el objetivo de desactivar movilizaciones de sectores políticos y sociales.

Torrico confirmó a los medios de comunicación haber trabajado con el súbdito alemán, sin embargo Llorenti afirmó desconocer esta situación e incluso dijo que el detenido “es una persona de altísima peligrosidad, segundo no ha sido ni es funcionario de este Ministerio. Si existen memorándums firmados por autoridades desde este despacho, son ilegales y estas autoridades o funcionarios tendrán que responder ante las autoridades competentes”.