viernes, 2 de julio de 2010

BOLIVIA: SE AGRIETA EL GOBIERNO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FRENTE A MARCHA INDÍGENA DE CIDOB

BOLPRESS (BOLIVIA)

Avanza la marcha indígena y se abren más grietas en el gobierno del MAS

Redacción Bolpress

Fracasó el primer intento de diálogo entre el gobierno y dirigentes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en la ciudad de Santa Cruz. El ministro de Autonomías Carlos Romero agredió verbalmente a los dirigentes de pueblos originarios y para intimidarlos les dijo que la marcha indígena está “aislada”. Lo cierto es que cada vez más sectores sociales se suman a la movilización indígena, como por ejemplo la Fejuve de El Alto, mientras que se abren profundas grietas en los sindicatos oficialistas y en el gobierno del MAS.

El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez y una comisión de mujeres indígenas rompieron el diálogo con los ministros de Autonomía Carlos Romero y de la Presidencia Oscar Coca Ministro, luego de haber sido agredidas verbalmente por Romero. Fue el primer intento gubernamental de frenar la marcha de indígenas del oriente, chaco y amazonia que avanza hacia La Paz.

“Hemos estado más de un mes con nuestra propuesta de Ley Marco de Autonomía y hasta el momento el ministro Romero no tuvo la capacidad y la decisión política de aceptar nuestras demandas; se ha pasado dando discursos falsos, como que nuestras propuestas no se enmarcan en la Constitución Política del Estado, pese a que una declaración de Naciones Unidas y el convenio 169 dan luz verde a nuestro derecho a la autodeterminación”, se quejó la secretaria de comunicación de la CIDOB María Saravia.

Chávez aseguró que Romero ya no es un interlocutor válido“porque nos ha descalificado y ha dicho que no tenemos capacidad”. Para reanudar el diálogo invitó oficialmente a la presidenta de la comisión de autonomía y descentralización de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño, a los senadores Fidel Surco y Adolfo Mendoza, y a los diputados indígenas Wilson Chanagaray, Pedro Nuny, Federico Salazar y Julio Cortez.

Romero denunció que los indígenas “no quieren dialogar sino simplemente que el gobierno vaya al lugar de la marcha para publicitar esa marcha”; advirtió que el gobierno no irá a dialogar con los marchistas que se encuentran en la localidad de Santa María, en el departamento de Santa Cruz.

Además, el ministro Romero aseguró que la marcha no cuenta con el apoyo de otros sectores sociales, que, al contrario, la critican y la “han aislado”, razón por la cual los dirigentes buscanque el “gobierno actué con una suerte de salvataje frente a esa movilización”

Desde el principio de la movilización, la principal estrategia del gobierno ha sido quebrar la unidad de las organizaciones indígenas, negociando por separado con los guaraníes, con los mosetenes y luego con los originarios de tierras altas afiliados al Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Qullasuyo (Conamaq).

Las burocracias dirigenciales de las oficialistas Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB BS), se alinearon con el Ejecutivo y rechazaron la marcha indígena.

Este jueves, representantes de la CSUTCB y de la CNMCIOB-BS se declararon en estado de emergencia “en defensa del proceso de cambio y contra la injerencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que busca la división entre los pueblos indígenas con intereses mezquinos".

Luego el gobierno ejerció fuertes presiones para que el Conamaq también se pronuncie contra la movilización de originarios. “No vamos a entrar en su marcha, el Conamaq ya no marcha más”, declaró el dirigente Sergio Hinojosa, contradiciendo al representante de la Comisión de Industrias Extractivas Rafael Quispe, que había manifestado su apoyo a los indígenas de tierras bajas.

La decisión de los líderes campesinos y originarios de tierras altas de distanciarse de los indígenas del oriente no necesariamente refleja la voluntad de sus bases. Por ejemplo, la cúpula del movimiento aymara de los Ponchos Rojos apoya al gobierno, pero las bases respaldan la marcha del la CIDOB y hace poco advirtieron al Presidente que el proceso de cambio podría terminar como una “farsa indígena”.

En el gremio campesino también hay diferencias. Los secretarios de Recursos Naturales de las organizaciones afiliadas a la CSUTCB desde hace mucho que están en pie de guerra contra las políticas desarrollistas y extractivistas del gobierno “indígena”.

En el seno del Conamaq también hay serias divergencias. La semana pasada algunos líderes amenazaron con cercar la ciudad de La Paz y con cortar el suministro de agua al proyecto hidrometarlúrgico de Coro Coro. Hoy se desentendieron de la movilización indígena, pero el líder Gabino Apata aclaró que harán vigilia en la puerta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar que ley autonómica respete los derechos indígenas.

Todo esto demuestra que la división del movimiento indígena es aparente o por lo menos temporal. Tarde o temprano la marcha que viene del oriente aglutinará a los originarios del occidente, quienes ya han tenido serios choques por la vigencia de la consulta previa, una conquista que el gobierno pretende menoscabar.

Para muchos resulta inconcebible dar la espalda a los “hermanos” que hicieron posible de refundación del Estado Plurinacional y que ahora vuelven a marchar reclamando sus derechos al territorio y a las autonomías indígenas, reconocidos por propia la Constitución.

El concepto de la plurinacionalidad del nuevo Estado boliviano nace precisamente del reconocimiento de las nacionalidades indígenas en el artículo 2 de la CPE. Los hermanos están marchando hacia La Paz simplemente para que se respete ese su derecho, no hay donde perderse, explicó el dirigente campesino Rufo Calle.

El gobierno enfrenta la movilización indígena con insultos y agresiones, de la misma manera en la que encaró las marchas y las huelgas que estallaron en mayo contra el miserable aumento salarial del 5%. Entonces el Ejecutivo acusó a los trabajadores fabriles y a los maestros de ser “agentes del imperialismo”, y ahora denigra a los indígenas.

Cuando marchaban a favor del MAS, los llamaban “hermanos originarios” buenos y armoniosos con la naturaleza; ahora les dicen irracionales y “vendidos a los gringos”. El diario oficial Cambio publicó una caricatura racista burlándose de los marchistas manejados con control remoto por el Tío Sam.

Pero la guerra sucia y la brutal campaña de desprestigio desplegada por el Ejecutivo no hizo más que multiplicar la popularidad de los indígenas, que aparecen como las nuevas víctimas del gobierno abusivo y traidor.

La marcha indígena es parte de la rebelión de los oprimidos contra un gobierno que cada día acentúa su política burguesa y choca con las reivindicaciones más elementales de los explotados. Por eso algunos gremios asalariados como el magisterio, sectores de clases medias castigadas por la crisis y trabajadores del Movimiento sin Tierra (MST) se suman de manera instintiva a la movilización.

La marcha indígena ha ganado en estos días un aliado político clave y con enorme importancia política: la legendaria Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) que encabezó la insurrección que derrocó al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

El Congreso de la FEJUVE eligió a Fanny Nina como presidenta, la primera mujer al mando de la organización vecinal, expulsó de sus filas a los representantes del MAS, y le declaró la guerra al gobierno “colonial y oligárquico” del MAS por haber traicionado la Agenda de Octubre.

La FEJUVE exigió al gobierno que abrogue el decreto 21060, le conminó a no entrometerse en las organizaciones sociales, amenazó con pedir la renuncia del Presidente Evo Morales si es que no corrige su conducta, y declaró su apoyo pleno a la marcha de los pueblos indígenas.

Los movimientos sociales inconformes recomendaron al Presidente Morales que reflexione y no olvide las lecciones de la historia: Sánchez de Lozada cayó por culpa de dos ministros que le informaban mal. “Ahora también hay dos ministros y diputados que le filtran mal la información y le hacen tomar malas decisiones políticas; esos ministros son Coca y Romero”, dijo Rafael Quispe del Conamaq.

Según Quispe, “el pueblo es sabio y sabrá definir en el momento indicado”. El primer desencanto del pueblo quedó demostrado en las elecciones del 4 de abril, cuando el MAS perdió más de un millón de votos. “¿Cuánto más bajarán hasta las elecciones de 2015?”, se pregunta Quispe.

El gobierno se divide

El ministro de la Presidencia Óscar Coca sigue denunciando la presunta injerencia de Usaid en asuntos internos y en la protesta de la CIDOB. El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que el organismo estaba en la mira del gobierno. El Presidente Evo Morales amenazó en varias oportunidades con expulsar del país a la agencia norteamericana.

El gobierno condena las injerencias de Usaid en la marcha, pero recibe su plata a manos llenas para financiar proyectos de desarrollo en Chapare. Si Usaid está financiando la marcha indígena ¿por qué no la expulsa de una vez?, ¿hasta dónde van a seguir con sus incoherencias?, reclaman los indígenas de la CIDOB.

Al principio tuvieron cierto eco las denuncias de la presunta conspiración del imperialismo norteamericano, que supuestamente moviliza a los pobres indígenas para que desestabilicen el “proceso de cambio”. Sin embargo, hace pocos días esa inverosímil versión provocó risas en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno y comenzó a incomodar en algunas esferas del Ejecutivo.

El canciller David Choquehuanca criticó a las autoridades que acusan Usaid a través de los medios de comunicación. Cualquier prueba sobre una supuesta injerencia debe ser presentada a las autoridades de aquel país “por los canales diplomáticos correspondientes y no por los medios de comunicación”, reclamó el diplomático. (Los Tiempos)

El jefe de la diplomacia boliviana insistió en que el gobierno tiene “canales para abordar temas con EEUU. Ellos no tienen que informarse a través de los medios. Si hay algunas pruebas, lo tenemos que hablar con ellos”.

Luego salieron a la palestra pública el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el ex ministro Hugo Salvatierra y el ex prefecto Rafael Puente para censurar el autoritarismo gubernamental que viola de manera flagrante la Constitución. Almaraz aprovechó la tribuna para burlarse de las acusaciones ridículas del gobierno de Morales.

Además, se fracturó la bancada masista en la Asamblea Legislativa, luego de que los diputados oficialistas Bienvenido Sacu, Pedro Nuni, Eleuterio Guzmán, Efraín Balderas y Blanca Cartagena se declararon en huelga de hambre exigiendo la modificación del proyecto de Ley de Régimen Electoral.

“Nosotros vamos a pelear, no podemos renunciar a una reivindicación que es de los 36 pueblos indígenas que pertenecen a Bolivia: que se respete el compromiso del oficialismo de otorgarles 18 escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional y no solo siete”, advirtió Nuni.

El gobierno todavía no entiende que la rebelión indígena no es simplemente una maniobra urdida por el imperialismo, sino la manifestación de un problema mucho más profundo que emerge de las contradicciones económicas del país.

Debido al atraso del país, las nacionalidades nativas sobreviven al margen del microscópico mercado interno, excluidas de la vida política y de una cultura nacional inexistente. Las tendencias centrífugas se exacerban por la inexistencia de un Estado nacional sólido.

Lo más grave es que despertó el león dormido: el pre capitalismo esencialmente localista por la naturaleza de su economía ahora se rebela contra los intereses económicos capitalistas y sus planteamientos chocan con los intereses de las autonomías municipales, departamentales y el poder central.

Una vez reconocidas las autonomías indígenas por la nueva Constitución, inmediatamente salió a flote la antigua consigna de la autodeterminación reivindicada por las nacionalidades originarias, durante siglos oprimidas por gobiernos de la clase dominante que dilapidaron los recursos del Estado para amamantar a una descomunal burocracia central parasitaria.

Por todo eso, el gobierno podrá imponer formalmente en el Parlamento mecanismos de distribución de competencias y recursos entre autonomías departamentales, municipales e indígenas, pero la insatisfacción local y regional será un volcán en permanente erupción que evidenciará la inviabilidad del Estado Plurinacional “armónico”.