lunes, 30 de agosto de 2010

BOLIVIA: JUAN DEL GRANADO DEL MSM CRITICA ASPECTOS DE GOBIERNO DE EVO

ERBOL (BOLIVIA)
Juan: el Gobierno no sabe priorizar inversión pública, sólo hay voluntarismo


La Paz, 30 Ago (Erbol).- El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, afirmó este lunes que el gobierno del presidente Evo Morales no tiene un modelo que priorice la inversión estratégica estatal para llevar adelante el proceso de cambio.

“Este es un desafío que no se lo puede encarar con acciones voluntaristas. El Presidente tiene un gran voluntarismo, por eso las políticas públicas tienen gruesos interrogantes”, precisó a la Red Erbol el dirigente político y ex Alcalde de La Paz.

En este sentido, dijo que pese a que las arcas del Estado tienen ocho mil millones de dólares en reservas internacionales, pero no es posible utilizar ese dinero para la inversión pública.

Además, está la ineficiencia que preside las acciones gubernamentales por parte de los ministros de Estado que inviabilizan, de manera drástica, la inversión en el sector público.

En este sentido, ejemplificó que el año pasado, en septiembre, mediante un contrato de préstamo, el Banco Central de Bolivia (BCB) dio a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB-Corporation) 1.000 millones de dólares para industrialización, de cuyo dinero se invirtió a la fecha cero “ni un sólo dólar de inversión que están ahorita guardados porque no se ha desembolsado”.

Asimismo, criticó que la principal inversión en materia de minerales sea extranjera, por parte de Jindal Steel Power de la India y la mayor inversión que vendrá para el salar de Uyuni será coreana.

Estos datos, a juicio del ex burgomaestre de La Paz, demuestra que claramente el partido de gobierno no tiene un modelo que señale cuales son las áreas de inversión estratégica estatal para llevar adelante el proceso de cambio.

“Imagínense, dilapidando recursos para doblar cartón (en la empresa estatal Cartonbol), cuando ni si siquiera lo producimos, dejémosle eso a la iniciativa privada, concentrémonos en la industrialización del gas, en inversión pública en las áreas de infraestructura de El Alto y el sector rural para evitar la migración”, afirmó.

domingo, 29 de agosto de 2010

EEUU: CRECE EL RECHAZO A OBAMA "EL TIRANO SOCIALISTA"

INFORMADOR (MÉXICO)

La ultraderecha enseña su fortaleza a Obama

Miles de ultraconservadores atendieron el llamado del locutor Glenn Beck, de restablecer el honor del país, en el Lincoln Memorial. EFE

  • Crece rechazo al presidente estadounidense

El ‘‘Tea Party’’ pide restablecer el honor de Estados Unidos en el aniversario 47 del discurso de Martin Luther King

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2010).- Ayer se cumplieron 47 años del famoso discurso “Tengo un sueño” que el reverendo Martin Luther King ofreció en el monumento a Abraham Lincoln, y lo que se supone sería una conmemoración afroamericana, terminó convirtiéndose en una concentración masiva de la ultraderecha estadounidense.

El movimiento “Tea Party” abarrotó el Lincoln Memorial, en Washington, para escuchar al locutor Glenn Beck y a la ex candidata republicana a la vice presidencia, Sarah Palin, quienes llamaron restablecer el honor de los Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo, este país ha estado en las tinieblas. Nos hemos perdido en la oscuridad, pero hoy celebramos algo más grande que el ser humano. Hoy América vuelve a Dios”, dijo el también conductor de la cadena Fox, desatando la ovación de miles de personas.

Beck consideró que Estados Unidos “está en el camino hacia una tiranía y el comunismo”, y agregó: “No queremos una dictadura y el presidente (Barack) Obama está intentando hacer una dictadura con nuestro país. Lo sé por Dios.

Nuestros gobernantes son corruptos. Hay que reemplazarlos con gente de honor, que no mientan y que paguen sus impuestos”.

Palin, quien afirmó que fue invitada para hablar como la madre un soldado y no como una política —Track, su hijo mayor, prestó servicio en Iraq en la Guardia Nacional—, dijo a los asistentes que estaban presenciando un momento crucial en la historia.

“Miren a su alrededor. No estamos solos. Somos americanos. Tenemos una columna vertebral de acero y el mismo coraje moral de [George] Washington, Lincoln y Martin Luther King”.

La ex gobernadora de Alaska llamó a recuperar Estados Unidos y restaurar su honor, en una jornada que el propio Beck bautizó como “Restaurar el Honor”.

Los activistas a favor de los derechos civiles encabezados por Martin Luther King III y el reverendo Al Sharpton, criticaron a Beck por hacer la convocatoria el mismo día que se pronunció el mítico discurso de King, el conservador respondió que su intención no fue boicotear la ceremonia y que su convocatoria fue una llamada de la “divina providencia”.

Sharpton y Luther King III encabezaron un acto muy cerca del Monumento a Lincoln para recordar al padre del segundo. Los activistas, que portaban playeras con la leyenda “¡Recuperemos el sueño!”, se hicieron de palabras con algunos conservadores, aunque el altercado no pasó a mayores.

David Colón Cabrera, un puertorriqueño que estudia en Washington, se manifestó con pancartas junto a un pequeño grupo de jóvenes que se dijo “disgustado, asqueado y con ira”, al conocer la coincidencia del evento con el aniversario de King.

Cabrera calificó el evento conservador como “un insulto para todas las personas de color y de quienes avanzamos por los derechos civiles”.

TELÓN DE FONDO
Contra Barack, “el socialista”


Apenas el pasado 15 de agosto unos 400 miembros del “Tea Party” se reunieron en un racho de Nogales, Arizona, y colocaron cientos de banderas estadounidenses en el muro fronterizo que divide su país con México.

Los ultraconservadores, férreos opositores a una reforma migratoria, pidieron a Obama proteger la frontera sur al momento que gritaban “U-S-A”. Al grupo de estadounidenses los acompañaba el sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, famoso por encabezar las redadas de inmigrantes indocumentados.

Los miembros del Tea Party tienen como lema favorito el de “América para los americanos” y tachan al presidente Barack Obama de socialista. En febrero pasado celebraron su primera convención nacional, en Tennessee, y tuvieron como invitada especial a Sarah Palin. Aunque se desconoce el número exacto de miembros que tienen, es un movimiento que está en constante crecimiento.

BOLIVIA: EVO SE HACE RESPONSABLE DE LAS 2 MUERTES EN CARANAVI.

LOS TIEMPOS (BOLIVIA)

Caso Caranavi: Evo asume la responsabilidad

Por y Abi Anf - Agencia - 29/08/2010



El presidente Evo Morales, ayer en La Paz. - Los Tiempos  |  Usuario

El presidente Evo Morales, ayer en La Paz. - Los Tiempos

El presidente Evo Morales asumió la responsabilidad sobre el desbloqueo de la vía a Caranavi en mayo pasado y ratificó su confianza en el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien en las últimas semanas fue sindicado como uno de los responsables del uso excesivo de la fuerza pública que causó la muerte de dos estudiantes.

“Es un compañero de mucha confianza... de mucho compromiso y las decisiones que se tomó sobre el desbloqueo ha sido una decisión institucional del Gobierno”, aseveró Morales.

El mandatario efectuó estas declaraciones en alusión a los informes emitidos esta semana por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y el Defensor del Pueblo sobre los sucesos violentos de Caranavi, los cuales coinciden que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales y la violación a los derechos humanos de los pobladores de Caranavi.

Además concluyen que los dos estudiantes fallecieron a causa de impactos de bala y fuera del lugar, en la población, donde se produjeron los enfrentamientos entre los policías y los bloqueadores, responsabilizando de estos excesos al ministro de Gobierno y al comandante de la Policía, Óscar Nina, como cabezas del plan que se llevó adelante.

Un informe de la comisión de Diputados que investigó los mismos hechos, presentado por los opositores, llegó a las mismas conclusiones, contrariamente al informe aprobado por la mayoría oficialista que liberó a Llorenti y los jefes policiales de lo sucedido en Caranavi durante y después del desbloqueo.

Ante estos informes, el Presidente manifestó que Llorenti " cuenta con el respaldo personal y del Gabinete Ministerial por la labor que ha desempeñado desde que se hizo cargo del Ministerio de Gobierno". Llorenti asumió esas funciones el pasado 23 de enero en sustitución de Alfredo Rada.

El Presidente manifestó que las decisiones adoptadas en mayo pasado para solucionar los problemas en la población de Caranavi, a consecuencia de un bloqueo de caminos que se prolongó por varios días, "fueron institucionales y no de exclusiva responsabilidad del Ministro de Gobierno".

Dijo que la solución del bloqueo era un pedido de todos los bolivianos debido a los perjuicios provocados a los habitantes y viajantes al norte del departamento de La Paz, por lo que se dispuso que la Policía normalice la circulación de la vía.

"Lamentablemente dos personas murieron en el conflicto, lo que debe ser investigado por el Ministerio Público y por todas las instancias para establecer responsabilidades", anotó.

El Primer Mandatario aclaró que se había ordenado a las fuerzas del orden que fueron a desbloquear y no a utilizar armas letales.

Evo argumentó que las acciones tomadas fueron para evitar enfrentamientos entre mineros de la región de Larecaja Tropical que querían salir a desbloquear. “Evitamos cualquier confrontación, ustedes recordarán que los mineros querían salir a desbloquear, con los transportistas ya había enfrentamiento, los primeros cuestionamientos que hace la Asamblea Permanente de Derechos Humanos eran especialmente porque el Gobierno no habilitaba el camino”.

Morales dijo que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos criticó la falta de presencia del Estado en el lugar para despejar la carreta que dejó aislada al norte del departamento de La Paz y parte del departamento de Beni.

No hubo orden de disparar

El mandatario Evo Morales también aseguró que en su gobierno nunca se instruyó el uso de armamento para acabar con la vida, desde el primer momento pidió que se investigue qué es lo que pasó en el lugar que dejó dos colonos muertos y varios policías heridos.

De la misma forma pidió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo que efectúen una amplia investigación para se demuestre que jamás se pidió confrontación ya que muchas veces se pidió diálogo en la sede de Gobierno.

El Presidente denunció que se tiene pruebas como documentación y fotografías de funcionarios de la Embajada americana que se reunieron con algunos dirigentes, por lo que la acción se tornó política ya que USAID financió a algunos dirigentes de Caranavi.

Esta semana la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo revelaron sus respectivos informes en los que se halla un grado de responsabilidad del Ministro de Gobierno y del Comandante de la Policía por incumplimiento de deberes y porque la policía uso armamento letal.

viernes, 27 de agosto de 2010

BOLIVIA: ESTADO EXPROPIA 115.000 HA A TERRATENIENTE POR IMPRODUCTIVAS. SERÁN PARA INDIOS Y CAMPESINOS

Estado boliviano expropia 115.000 hectáreas a acaudalada familia
LA PAZ. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia expropió 115.000 hectáreas en cinco propiedades de Santa Cruz y Beni, debido a que no eran productivas, dijo este viernes una fuente oficial.

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, manifestó que “se trata de predios en los que las personas intentaron burlar la buena fe del Estado y del INRA con documentación que no corresponde y ganado que no les pertenece” para simular una actividad productiva en esas tierras.La familia Monasterio posee acciones en Bolivia del canal Unitel (crítica al gobierno) y de un banco privado y ya sufrió en diciembre de 2009 la expropiación de otras 3.000 hectáreas y en junio de 13.184. Las propiedades de la familia Monasterio, en los llanos del departamento de Santa Cruz (este), volvieron a dominio del Estado al demostrarse que en ellas no se realizaba actividad productiva.Las propiedades “recuperadas deben ser dotadas a favor de comunidades indígenas, originarias y campesinas que no tienen tierra”, explicó Rojas.La actual Constitución boliviana, que entró en vigor en 2009, señala que las tierras ociosas serán revertidas al Estado y entregadas a título gratuito a comunidades de campesinos para uso común.

jueves, 26 de agosto de 2010

ARGENTINA: LA GUERRA CONTRA EL MONOPOLIO DEL PAPEL PRENSA

TELAM (ARGENTINA)
"La Presidenta no va a actuar como juez y acudirá a la Justicia"


El titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto aseguró en Neuquén que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no va a actuar como juez ni va a condenar a nadie" sino que "hizo lo que tenía que hacer, acudir a la justicia con toda la documentación de los antecedentes y el presente de Papel Prensa para que se investigue".

En declaraciones formuladas esta mañana, en el aeropuerto de Neuquén, Pichetto dejó en claro que "la Presidenta no va a actuar como juez ni va a condenar a nadie", al hacer referencia a la investigación presentada por la titular del Poder Ejecutivo sobre Papel Prensa.

"Esto contraviene todos esos comentarios que se habían hecho durante la semana previa que venían siendo titulados por los dos grandes diarios que hablaban de que (Héctor) Magnetto iba a ir preso en el término de 48 horas, de que el Estado se quedaba con Papel Prensa", recordó.

Dijo que "son todos argumentos que como hemos visto no se ajustan a la verdad, tratan de sembrar el miedo, tratar de provocar zozobra".

Aseguró que "la Presidenta ha funcionado dentro del estado de derecho y ha hecho lo que tenía que hacer. De las denuncias de la documental que tiene, de todos los antecedentes del pasado y del presente porque también esta en discusión el presente, que es la conducción de Papel Prensa, como se conduce, como se maneja, todas estas actuaciones las giró a la justicia".

Descartó de plano que el gobierno plantee la expropiación de la empresa y reafirmó su respaldo al proyecto para que se declare de interés público la fabricación de papel de diario.

"El gobierno en representación del Estado argentino quiere defender su cuota parte dentro de esa empresa. El Estado Argentino es socio de Papel Prensa en un porcentaje que es no menor, es del 27 por ciento", precisó.

Afirmó que "tiene todo el derecho a defender los intereses legítimos de todos los argentinos dentro de esa empresa y que funcione bien, que haga inversiones y que le sirva al conjunto de las empresas gráficas del país".

Indicó que "acá hay muchos diarios de la Patagonia que han sufrido las limitaciones que les daban Clarín y La Nación no entregándole el papel o cobrándoselo mucho más caro y por eso lo que se pretende es defender el interés general de todos los argentinos".

lunes, 23 de agosto de 2010

URGENTE PARAGUAY: CONGRESO QUIERE DERROCAR A LUGO AL ESTILO ZELAYA

PÁGINA 12 (ARGENTINA)

Para destituir a un presidente

Por Atilio A. Boron

Con tal de crear las condiciones para producir un “golpe de Estado institucional” como el que derrocara a Mel Zelaya en Honduras, el Congreso paraguayo parece dispuesto a convertirse en el hazmerreír de América al responsabilizar al ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, por la desaparición de... ¡tres fusiles en el cuartel del Comando de Estado Mayor del Ejército en Campo Grande! La acusación y el eventual juicio político, que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores donde ya fue girado, ignora olímpicamente algo que los señores diputados deberían saber: en Paraguay, el ministro de Defensa no tiene mando de tropa, de modo que no tiene injerencia alguna en los cuarteles o destacamentos militares. Lo que en ellos ocurra es algo que excede sus atribuciones. Pero esta nimiedad no disuadió a los conspiradores, que necesitan valerse de cualquier pretexto para despojar al presidente Fernando Lugo de uno de sus más leales colaboradores y, de ese modo, abrir la puerta para declarar su inhabilitación y, en caso de que el ex obispo católico se resistiera, apelar a las fuerzas armadas para hacer cumplir la resolución del Congreso y rematar su ofensiva destituyente. En otras palabras, reeditar el libreto preparado por Washington y exitosamente aplicado en Tegucigalpa, y dar un paso más en la “normalización” de la situación política en las díscolas comarcas al sur del Río Grande.

Pese a las incoherencias y vacilaciones de la gestión del presidente Lugo, su sola presencia –producto de una inédita movilización popular en repudio al sofocante legado del stroessnismo– es un inaceptable estorbo para los designios estadounidenses en la región. Si bien hasta el momento Lugo se ha cuidado de mantener muy cordiales relaciones con la Casa Blanca y consentido el irritante protagonismo de la embajada en los asuntos internos del Paraguay, un amplio espectro del establishment norteamericano lo percibe con mucha aprensión y lo sataniza como el peligroso bienhechor que, a pesar suyo, puede convertirse en el catalizador de procesos políticos mucho más radicales, al estilo de los que existen en la vecina Bolivia o en el más lejano Ecuador. En las afiebradas alucinaciones de los halcones del Pentágono y el Departamento de Estado, Lugo aparece como una suerte de Kerensky tropical que al igual que su predecesor ruso terminará abriendo la puerta a una insurgencia plebeya de incalculables proyecciones y grávida de serias repercusiones en la geopolítica regional. Esto es así porque Paraguay ocupa un lugar privilegiado para cerrar, desde el Sur, el anillo de bases militares que rodea la gran cuenca amazónica, fuente de toda clase de recursos energéticos, biodiversidad, minerales estratégicos y agua, sobre todo agua. Esa es la razón por la que aprovechando la increíble distracción de la Cancillería y el alto mando militar brasileño, dos bases ya se han instalado en ese país, en Pedro Juan Caballero y en Mariscal Estigarribia. Si algo sobra en Paraguay es agua, el “oro azul” cada vez más escaso y que según los expertos será causante de las principales guerras que habrán de librarse en el presente siglo.

Y no sólo el agua que fluye por la superficie sino también la que lo hace bajo tierra, en el imponente Acuífero Guaraní. Si a esto se le suman las buenas relaciones que Lugo mantiene con Chávez, Morales y Correa; el papel de algunos proyectos conjuntos de cooperación internacional que irritan de sobremanera al imperio, como por ejemplo el ALBA Cultural, o el intercambio de petróleo por alimentos entre Pdvsa y el Paraguay; su colaboración con otros gobiernos progresistas de la región y su apoyo a la Unasur, se comprende la urgencia de Washington y sus peones narcofascistas paraguayos en desprenderse cuanto antes de su indeseable presencia. El eventual juicio político a Bareiro Spaini será la antesala de la destitución de Lugo. Por eso es necesario unir fuerzas en toda América latina para frustrar los planes golpistas del imperialismo y sus aliados. Si el modelo destituyente instalado en Honduras se reitera una vez más, el futuro de los gobiernos democráticos y populares de la región se verá muy seriamente comprometido. Destituir a Lugo, aun con las argucias leguleyas con que se lo intentará, es un ataque no sólo al pueblo paraguayo que lo eligió como presidente sino a todos los gobiernos de la región, cuya activa solidaridad con el Paraguay es hoy más urgente que nunca.

BOLIVIA: DIPUTADO DEL MAS RECONOCE INEFICIENCIA DE LOS MINISTROS DE EVO

ERBOL (BOLIVIA)
Rojas reconoce que ministros no coordinan con movimientos sociales

La Paz, 23 Ago (Erbol).- El subjefe de la bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, reconoció este lunes que los ministros de Estado no coordinan eficientemente con los movimientos sociales y originarios del país, situación que en vez de evitar conflictos propician el retardo de la atención de sus demandas y crean un ambiente negativo.

“Todos los requerimientos llegan de manera directa al presidente, hay una falta de coordinación, pero no del presidente Evo Morales, sino de sus ministros, esto debe mejorarse, nosotros hemos exigido que haya más cercanía, más coordinación con los movimientos sociales, los ministros deben crear su grado de coordinación con estas representaciones y evitar que todo llegue al Palacio”, declaró Rojas.

Explicó que por la falta de este relacionamiento entre el gobierno central y movimientos sociales todas las solicitudes llegan directamente al presidente Morales, lo que dificulta la atención de cada caso.

También adelantó que para el siguiente año propondrá observar previamente el perfil de aquellos que son sugeridos para ser colaboradores inmediatos del mandatario porque, a su juicio, en muchos casos los ministros actuales no responden a la exigencia de la cartera del Estado para la que desempeñan funciones.

“Yo estoy planteando para el siguiente año que se vea el perfil adecuado para cada sector y así se escoja al ministro, porque a veces traen a algunos pero no responden eficientemente”, destacó.

El diputado masista, Guillermo Torres, afirmó que la falta de coordinación de los ministros de Estado con los sectores sociales es una realidad que hay que cambiar para evitar que el proceso que impulsa el Ejecutivo se vea estancado.

BOLIVIA SE INCENDIA

UNIVISION
Se disparan focos de fuego en Bolivia a más de 32.300 (oficial)

23 de Agosto de 2010, 12:58pm ET
LA PAZ, 23 Ago 2010 (AFP) -
Los focos de fuego en Bolivia por la quema de pastizales para la siembra se dispararon en la última semana a 34.328 que afectaron más de 2 millones de hectáreas de tierra, dijo el lunes una fuente oficial.

"La suma llega hasta el día de hoy (lunes) a 34.328 focos de calor en una superficie de 2.063.000 hectáreas", afirmó en conferencia de prensa el director de la gubernamental Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha, principal responsable de monitorerar el problema.

Rocha dijo que "los nuevos datos que tenemos actualizados nos muestran que se ha producido en la semana anterior 9.000 focos de calor", que sumados a los más de 25.000 que existían hasta la semana pasada, se tiene la nueva cifra, un total de los dos últimos meses.

Los focos de calor son registrados por información satelital que le llega a la ABT.

La quema de pastizales, que en Bolivia recibe el nombre de "chaqueo", es una ancestral práctica con la creencia de que el fuego desata ceniza que mejorará la calidad de la tierra para la siembra.

Rocha pronosticó que los focos de calor se incrementarán el próximo mes. "No hemos llegado a la etapa dura, tenemos septiembre, cuando se expande el fuego en el país".

Por ello, dijo que es casi un hecho que hasta fin de año el número de focos de calor superarán el récord de 2004, cuando se registraron más de 50.000 incendios que dañaron unas 6 millones de hectáreas.

Bolivia reconoció su incapacidad para controlar los incendios, debido a que carece de personal y equipo especializado para apaciguar las llamas que se han registrado en siete de los nueve departamentos del país y que han cubierto a vastas regiones del país bajo una densa humareda.

La Paz pedirá apoyo de Brasil y Argentina para combatir el fuego desde hidroaviones y helicópteros.

viernes, 20 de agosto de 2010

BOLIVIA: CAMPESINOS BOLIVIANOS AMENAZAN CON CERCAR LA PAZ SI EVO NO ATIENDE SUS DEMANDAS

ERBOL (BOLIVIA)
Canciller gestionará reunión de Evo con campesinos para evitar cerco a La Paz

La Paz, 19 Ago (Erbol).- El canciller David Choquehuanca se comprometió a gestionar una reunión entre el presidente Evo Morales y los dirigentes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, y de esta manera evitar un cerco a la ciudad sede de gobierno previsto por este sector para el lunes de la próxima semana.

La información la dio a conocer el secretario ejecutivo de la organización, Silverio Fernández, quien dijo en la reunión con el jefe de la diplomacia boliviana, que duró aproximadamente dos horas en Cancillería, la delegación campesina hizo conocer la demanda que ese sector tiene, en relación a la destitución de cinco ministros por una mala labor.

Sin embargo, según Fernández, Choquehuanca reveló que los ministros cuestionados por los campesinos paceños no dieron a conocer “la verdad” sobre los pedidos que tiene ese sector, que por ende desconocería el presidente Morales.

“El Canciller (David Choquehuanca) nos dijo otra cosa, que sus colaboradores del Presidente no le han informado lo que es la verdad, eso es lo que ha comentado el hermano Canciller”, señaló el dirigente campesino a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.

Recordó que hoy vence el plazo para iniciar las medidas de presión del sector campesino, como el cerco a la ciudad de La Paz, bloqueo de caminos y huelga de hambre, pero ante la posibilidad de una reunión con el Jefe de Estado, éstas quedaron en suspenso.

“Sobre esa base (la reunión con Evo Morales) estamos analizando nuestras medidas de presión y puede que el hermano Canciller canalice la reunión para hablar con el hermano presidente (Evo Morales), porque lo que hemos planteado es el respeto a la resolución, esa es nuestro objetivo, nada más”, aseveró Fernández.

Los campesinos de La Paz piden la renuncia de los ministros Sacha Llorenti, Nemesia Achacollo, Nilda Heredia, Walter Delgadillo y Nardi Suxo, por una mala labor. Así como del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas.

BOLIVIA: EVO SE DISTANCIA DE CAMPESINOS Y DEFIENDE A 6 MINISTROS CUESTIONADOS

LA PRENSA (BOLIVIA)
Evo reta a los campesinos; cierra filas en torno a seis ministros cuestionados
Enérgico: el presidente Evo Morales, ayer en conferencia en Palacio de Gobierno

Pulseta. La Federación Túpaj Katari le dio un ultimátum hasta hoy para atender sus demandas, si no, cercará La Paz desde el lunes.

La Prensa, ANF y Erbol.- Otro frente de conflicto para el Gobierno. El presidente Evo Morales respondió ayer que “pierden el tiempo” los movimientos sociales que piden el relevo de seis ministros y dos de sus colaboradores. Mientras que los campesinos paceños le dieron un ultimátum hasta hoy para atender sus demandas, bajo la amenaza de instalar un cerco a la ciudad de La Paz desde el lunes.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz-Túpaj Katari exigen la salida de los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de Salud, Nila Heredia; de Economía, Luis Arce; de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo; de Autonomías, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.

También están en la mira de estas organizaciones el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan Carlos Rojas.

En conferencia de prensa, descartó cambio alguno, recordó a estos gremios afines a su mandato que la estructuración de su gabinete no es atribución de los dirigentes sindicales, sino del Presidente, y les pidió “pruebas contundentes” en contra de los aludidos para cambiar de parecer.

La arremetida no se dejó esperar. Los representantes campesinos de las 20 provincias paceñas lanzaron a Morales un ultimátum hasta hoy para que los atienda en su petición. De lo contrario, ratificaron el inicio de medidas de presión, entre las que sobresalen un cerco a la sede del Gobierno y el bloqueo de caminos en puntos estratégicos.

“En este momento, a nombre de la Federación como ya lo hemos pedido en el ampliado de las 20 provincias, dimos el plazo para que nos atienda. No estamos en contra de nuestro Presidente, sino de la gestión de sus ministros. Luego de la reunión con una comisión hemos acordado 24 horas (para esta reunión), no vamos a dar un paso atrás”, informó el ejecutivo de la organización campesina Silverio Fernández.

La Federación Túpaj Katari y el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, sostuvieron ayer una reunión durante tres horas, en la que se explicó a la autoridad las decisiones de los campesinos paceños. La autoridad se comprometió a transmitir la propuesta de las “24 horas” al Presidente.

Según Fernández, tras un encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller David Choquehuanca también se comprometió a gestionar una reunión entre el Presidente y los dirigentes, y de esta manera evitar todo conflicto. Sobre todo, comunicó de que trasladaría las demandas campesinas en torno de la renuncia de los ministros y colaboradores gubernamentales y las observaciones a éstos.

Por su parte, el jilliri apu mallku del Conamaq, Sergio Hinojosa, señaló que los ministros cuestionados por las organizaciones sociales deben marcharse si no están comprometidos con el proceso de cambio. “Algunos ministros que no están acompañando al hermano Presidente (Evo Morales) tienen que irse nomás”, aseveró.

CEPB critica al gabinete económico
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, lamentó que los ministros del área económica durante los últimos meses no hayan apoyado a la producción, desarrollo y crecimiento económico porque han estado dedicados a apagar incendios de sus colegas del sector político. “Los ministros del área económica han estado apagando incendios del área política; entonces, lo que deben hacer los ministros del área política es dedicarse a apagar sus propios incendios, y los ministros del área económica, apoyar las iniciativas de desarrollo y producción del país (…) La gente, la prensa y la población saben qué ministros han hecho su trabajo y qué ministros no han hecho su trabajo; el cambio de los ministros del área económica es una atribución del presidente Evo Morales y será él quien decida qué autoridad acompañó su gestión de manera eficiente y quiénes no”.

Opiniones
“Lo que dice el Presidente es correcto. Es él quien elige, designa y destituye a los ministros; pero si bien los dirigentes no definen la composición del gabinete, debe recordar que el pueblo manda al Presidente. Él mismo lo reconoce en su discurso al decir que gobierna obedeciendo, porque él ha llegado a donde está por decisión del pueblo. En cuanto a los sectores sociales, si él no quiere escuchar los cuestionamientos que hacen contra el Gobierno, lo que va a hacer es distanciarse del pueblo, corre el riesgo de quebrar la relación existente entre representante y representados”.

Jimena Costa / Politóloga
“Los dirigentes no están participando en las cumbres político-estratégicas del Gobierno y tampoco deciden las políticas públicas y líneas estratégicas. El Presidente habla a nombre de ellos, pero tienen un rol secundario. Se han planteado situaciones similares, Evo nunca ha cedido a presiones de nadie, ni de indígenas, clases medias ni de su sector cocalero. Manda el mensaje de que es él quien manda. El Gobierno tiene una legitimidad innegable, pero debería complementarse con mecanismos de consulta y deliberación participativa”.

Jorge Komadina / Sociólogo

BOLIVIA: EVO ACUSA DE TRAIDORES A 3 LEGISLADORES DEL MAS QUE APOYARON A POTOSÍ.

LA PRENSA (BOLIVIA)
Presidente acusa de traición a 3 asambleístas por apoyo a Potosí
Amenaza: Dijo que el vetar su presencia en Potosí le ayudaría a no tener que llevar regalos por el Bicentenario de 10 de noviembre.

Sentencia por adelantado. El presidente Evo Morales acusó ayer de traidores al senador Eduardo Maldonado y a los diputados Juan Carlos Cejas y Hugo García, del Movimiento Al Socialismo (MAS), por haberse plegado a la huelga de hambre convocada por Potosí y anunció que el partido gubernamental decidirá la sanción que se les aplicará.

Hasta el lunes y durante 19 días, la región potosina se movilizó pidiendo atención a un pliego de seis puntos, con más de 2.000 personas en ayuno voluntario, una huelga general indefinida y un bloqueo de caminos. Exigió la presencia de Morales en la Villa Imperial para que resolviera el conflicto, pero él desatendió el pedido.

Durante el lío y sobre todo desde el martes, organizaciones sociales potosinas afines al MAS y legisladores exigen la expulsión de los tres legisladores e incluso hubo pedidos de que renuncien o se les revoque sus curules. Sobre esto y las acusaciones del Primer Mandatario, Maldonado y Cejas, dos de los cuestionados, dijeron que no emitirán una respuesta.

El también senador masista Eugenio Rojas informó que la bancada masista de la Cámara Alta analizará hoy el tema para hallar una solución, pero descartó que se exija renunciar a los cuestionados. “No soy quién para contradecir al Presidente y decir que no son traidores. Tenemos una fuerte disciplina, pero los senadores tendremos una sesión de autorreflexión”.

Ayer, Morales incluso ironizó sobre un posible veto a su presencia en los actos de homenaje del Bicentenario potosino, el 10 de noviembre. “El que vaya o no vaya es secundario, a mí no me molesta, a mí a veces me causa risa. Tienen derecho a decir los dirigentes, pero no es el pueblo, a mí me ayudaría más bien, porque cuando vas al Bicentenario hay que llevar un regalo”.

Tildó a la movilización social de Potosí de conspirativa. “Pasó de una supuesta reivindicación a una conspiración de la derecha” que buscó desgastarlo a él y al Gobierno, pues hubo potosinos “engañados”.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, consideró tales expresiones como un “inaceptable exabrupto”. Mientras que Julio Quiñónez, representante de los mineros cooperativistas y parte de los cívicos, explicó que los asambleístas en la mira fueron elegidos por el pueblo y no corresponde su expulsión o destitución por razones políticas.

Sostuvo que su sector defenderá a los parlamentarios que hicieron huelga de hambre, lo que no significa contrariar al Primer Mandatario, ya que su gremio apoya el proceso de cambio. “Apoyamos al presidente Morales, pero no podemos renunciar a las reivindicaciones regionales, que son muy importantes”.

“Evo está rodeado de derechistas”
La Central Obrera Departamental (COD) de Potosí respondió ayer al presidente Evo Morales que la movilización regional de 19 días no fue impulsada por la derecha y que, por el contrario, hay muchos derechistas y neoliberales infiltrados en el Gobierno.

Jorge Solares, dirigente de la COD, aseguró que el Gobierno no admite sus propios errores y que ninguna persona tiene la capacidad de paralizar a todo un pueblo de la forma como sucedió en Potosí, donde el factor de convocatoria fue la conciencia de las personas, la que permitió que se desarrollase semejante movimiento cívico.

“El Presidente pretende disfrazar su derrota queriendo hacer ver a todo el país que este movimiento tuvo trasfondo político”. Solares agregó que Evo Morales comete un error al afirmar que la protesta social tuvo un contenido político.

Oruro acuerda pliego de 12 puntos
El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y los dirigentes del Comité Cívico de Oruro acordaron diseñar un cronograma de trabajo conjunto a fin de analizar y avanzar en cada uno de los 12 puntos presentados por el ente cívico, según la red Erbol. El acuerdo fue logrado tras la entrega oficial del pliego por el presidente del Comité Cívico de Oruro, Lino Rocha, al secretario general de la Gobernación, Édgar Sánchez. “Ahora que conocemos de forma oficial las demandas, nosotros remitiremos el documento al presidente Evo Morales y al ministro de la Presidencia, Óscar Coca, a fin de viabilizar las reuniones, ya que el propósito del Gobierno central y el gobierno departamental es atender las demandas en el marco del diálogo y la concertación”. Entre esos 12 puntos figuran el respeto al territorio orureño y rechazo a cualquier avasallamiento, conclusión de la carretera Oruro-Pisiga, inicio de obras del recinto aduanero, prospección de nuevos yacimientos mineros y estudio y construcción del aeropuerto internacional.

Opiniones
“El Gobierno sobredimensiona a la derecha al atribuirle la gran movilización social que ha mantenido Potosí durante 19 días. Si la derecha fuera capaz de articular movilizaciones de esa índole, estaríamos hablando de una situación muy crítica en Bolivia, y no es así. En realidad no hay que desmerecer la capacidad de articulación del pueblo potosino en un conflicto en pro de sus propias demandas. No se puede desvirtuar y menos aún dejar de ver esa realidad y quien más tiene que verla es el Gobierno, porque si no lo ve en esa dimensión, no tendrá la capacidad de resolver la conflictividad social que seguramente se seguirá habiendo en el país. Si estos sectores han sido afines al MAS y no han encontrado un oído receptor de parte del Gobierno a sus demandas, se puede pagar un costo muy alto para el Presidente y para el Gobierno en términos políticos por esta desatención a las demandas planteadas. En momentos tan críticos, el Gobierno debería tener una actitud humilde y de autocrítica”.

María Teresa Zegada / Analista política
“La movilización de Potosí fue la insurgencia de una alianza campo-ciudad que el Gobierno no pudo frenar porque no tuvo los aliados que pensaba tener, por el porcentaje de votos que logró en ese departamento. Creo que el Gobierno se equivoca al decir que fue un movimiento azuzado por la derecha. El costo político y previsiblemente electoral de este movimiento es que la población de todo el país se identificó con la lucha del pueblo potosino, porque fue una demostración de conciencia política, de unidad frente a un Estado plurinacional que está abusando de su poder, a lo que se suma lo que pasa internamente en el MAS y el Gobierno, que se traduce en una descomposición vista por la población en diversos niveles. Las respuestas del Presidente a Potosí muestran una arrogancia superficial y una falta de respeto que empezó, pues mínimamente el Presidente debió ir a Sucre a firmar el convenio acordado entre los líderes regionales y cuatro ministros, fijar plazos para la ejecución de obras y prometer cumplir los cronogramas”.

Roberto Mirtenbaum / Analista político

miércoles, 18 de agosto de 2010

PERÚ: TRINFO DEL PUEBLO TUERCE BRAZO DE ALAN GARCÍA POR TEMA DE GAS

GOOGLE NOTICIAS
El Gobierno peruano aprueba destinar un polémico lote de gas al mercado interno

Lima, 18 ago (EFE).- El Consejo de Ministros peruano aprobó hoy un decreto supremo que obliga a destinar al mercado interno el lote 88 de gas, cuya exportación fue el centro de las últimas protestas al sur del país.

El presidente del Consejo, Javier Velásquez, explicó ante los medios que este decreto deja sin efecto uno anterior en el que se apartaba algunas reservas para la exportación, una decisión que provocó en los últimos meses una fuerte oposición en las regiones del sur peruano y entre los sectores de izquierda.

La última gran protesta contra la exportación de gas fue un paro entre el 27 de julio y el 9 de agosto en la región de Cuzco, donde se concentra Camisea -principal yacimiento de gas del país- y donde se da la paradoja de que los consumidores pagan más por este recurso que los importadores desde el exterior.

La suspensión del paro llevó a que el primer ministro prometiera el pasado 9 de agosto destinar el gas del lote 88 exclusivamente al consumo interno durante los próximos cinco años y el del 56 (ambos de Camisea) a la exportación.

"Se están utilizando todas las vías que permite la ley para que rápidamente, en mérito a la renegociación, no sólo se tenga el tema de las regalías, sino la absoluta disposición de todas las reservas del lote 88 para el mercado interno", señaló Velásquez tras la reunión del Consejo de Ministros.

El primer ministro indicó que la norma gubernamental cumple con la Constitución y se mostró convencido de que los precios se abaratarán gracias a la renegociación del contrato que está en marcha con el consorcio privado de Camisea, integrado por Pluspetrol, Tecpetrol del Perú, Repsol, SK Energy y Sonatrach.

En este contexto, Velásquez reiteró que las regalías por exportación no deben ser menores a las que paga el mercado interno, tal y como figura en un decreto firmado el pasado 7 de julio.

Por otra parte, anunció que mañana se reunirá con las autoridades de Cuzco, escenario de una protesta entre el 27 de julio y 9 de agosto contra la exportación del gas, para dar viabilidad a la construcción de una planta de fraccionamiento que abarate más los costes de este hidrocarburo.

BOLIVIA: EL PARTIDO DE EVO, EL MAS, ROTO POR EL CONFLICTO DE POTOSÍ

FM BOLIVIA
Bancada del MAS desestima revocatoria de asambleístas potosinos por huelga


La Paz - Bolivia.- La Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado desestimó el martes una presunta revocatoria de mandato a asambleístas oficialistas del departamento de Potosí, como habían solicitado cinco provincias de ese departamento en respuesta a la participación de éstas autoridades en una huelga de hambre en apoyo a las demandas de las instituciones vivas de ese región de nuestro país.

El Jefe de Bancada, Isaac Ávalos, explicó que la información difundida por el diputado indígena Luis Gallegos sobre esa posibilidad es una decisión política que debería ser analizada por la Dirección Nacional del MAS.

“Es una decisión política, yo no tengo ninguna determinación, por lo tanto, no quiero opinar sobre este tema, esa es decisión del MAS a nivel orgánico y de su dirigencia, yo soy solamente Jefe de Bancada, voy a respetar lo que decida la Dirección Nacional del MAS, porque es su competencia”, declaró el oficialista.

Por su parte, el Subjefe de Bancada del MAS, Eugenio Rojas, dijo que los huelguistas ejercieron su derecho por lo que es muy prematuro hablar si corresponde o no una revocatoria.

“Los asambleístas que estaban en huelga de hambre tenían su derecho de estar buscando alguna solución, va haber una reunión de bancada para que entre nosotros reflexionemos y nos pongamos de acuerdo, creo que no hay ningún problema, cada uno tiene derecho de asumir alguna defensa de un sector o de una región”, declaró.

“La revocatoria puede ser a solicitud de cualquier ciudadano, si es que la plantea un sector en Potosí, esta revocatoria debe ser a nivel departamental, con apoyo de las provincias, las 10 provincias deben recoger el 15 por ciento de firmas para que se instale la revocatoria, eso se mandará al Órgano Electoral, pero es muy prematuro hablar de revocatoria de los compañeros”, puntualizó.

A su vez, el senador oficialista que inició la huelga de hambre, Eduardo Maldonado, dijo desconocer el planteamiento de revocatoria a su mandato por cinco provincias, pero aclaró que no se aferrará al cargo.

“No conozco al documento al que hacen referencia, solamente tengo algún dato al respecto, pero bueno, seguramente tendrán sus motivos. La huelga de hambre fue para sensibilizar al país, se planteó para exigir diálogo, si eso es malo ¿en qué país estamos? Yo no soy alguien que se va a aferrar al cargo ni por el sueldo ni por la dieta, yo he cumplido con mi deber conciencial”, afirmó.

GABINETE

Sobre la demanda de cambio de ministros planteada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) el senador Eugenio Rojas afirmó que es una atribución del Presidente Evo Morales y consideró que no es momento de cambiar ministros a cuatro meses de concluir la gestión, por lo que deben finalizar su mandato este año.

“Por ahora no va haber crisis de gabinete, se mantiene hasta el fin de año, estamos evaluando en ese sentido, pero esa es mi opinión, se respeta la petición de algunos sectores “, finalizó.

BOLIVIA URGENTE: 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA GENOCIDAS DE DICTADURA DE BANZER

ABC (ESPAÑA)
Condenan en Bolivia a 20 años de prisión a ex agentes de dictadura de Bánzer

La Paz, 19 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia condenó a 20 años de prisión a dos ex agentes de la dictadura de Hugo Bánzer Suárez (1971-1978) por la desaparición de dos personas durante aquel período, informó hoy una fuente judicial.

El tribunal dijo en un comunicado que Oscar Menacho Vaca y Justo Sarmiento Alanez, entonces agentes de la Dirección de Orden Político del gobierno de Bánzer, fueron sentenciados a 20 años de prisión en el penal de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, por la desaparición de José Carlos Trujillo Oroza y José Luís Ibsen Peña.

El también ex agente de la dictadura de Bánzer Juan Antonio Elio Rivero fue condenado a 15 años de reclusión "por complicidad en dicho delito".

La nota señala que durante el proceso se demostró que "las víctimas fueron privadas de libertad y sometidas a tratos crueles e inhumanos mediante torturas y vejaciones".

Agrega que "los procesados actuaron con la autorización y apoyo del Gobierno en lo referente a la privación de libertad de Trujillo Oroza e Ibsen Peña, pero, además, de manera deliberada, ocultaron y negaron información sobre el paradero de las víctimas".

El universitario Trujillo y el abogado Ibsen fueron detenidos en 1972 y 1973, respectivamente.

La familia de Trujillo logró en 2000 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos condenase al Estado boliviano por violación a los derechos fundamentales y le ordenase el pago de una reparación.

El caso de Ibsen y de su hijo Rainer, quien también desapareció durante la dictadura de Bánzer, será estudiado por la CIDH, con sede en Costa Rica, en su siguiente periodo de sesiones, que se celebrará entre el 23 de agosto y el 4 de septiembre próximos. EFE

COLOMBIA: DURO REVÉS PARA EL URIBISMO. AFUERA LAS BASES YANQUIS DE COLOMBIA DICE LA JUSTICIA

IPS
Fallo contra bases estadounidenses mitiga aislamiento
Análisis de Javier Darío Restrepo


BOGOTÁ, 18 ago (IPS) - Cuando en noviembre de 2009 el gobierno de Colombia dio a conocer el tratado de bases militares con Estados Unidos, hubo sorpresa y rechazo, como cuando uno descubre cláusulas leoninas en un contrato firmado a ciegas. Sólo que en este caso no había contrato ni firma conocidos por el pueblo colombiano.

La oposición alegó el artículo 173 de la Constitución, según el cual es atribución del Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el país.

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) sostenía que, por ser un "acuerdo simplificado" emanado de un tratado anterior, no requería autorización parlamentaria. Pero el ex magistrado y líder opositor Carlos Gaviria argumentó que no podía considerarse "corolario de un tratado marco".

Como dijo el analista Hernando Gómez Buendía, el tratado "no es parte del programa de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, sino el comienzo de la ayuda militar de Colombia a Estados Unidos".

En su fallo del martes 17, la Corte Constitucional "constató que no se está ante un acuerdo simplificado sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad", por lo que debió ser "sometido a la aprobación del Congreso (…) y revisado posteriormente por la Corte Constitucional".

Por este motivo, lo declaró inconstitucional y lo dejó sin efecto, si bien la Corte no negó la posibilidad de que el gobierno lo remita al parlamento.

El tribunal listó algunos de los compromisos involucrados contraídos por el tratado: "autorización para acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero; facultad de libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales; autorización para el uso y porte de armas en el territorio nacional por personal extranjero".

Además, "extensión de un estatuto personal de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos; y la previsión de cláusulas indeterminadas en relación con la extensión y prórrogas del Acuerdo, las bases militares e instalaciones objeto del acceso y uso por el personal extranjero".

Bogotá tampoco tuvo en cuenta quejas de países vecinos y de una parte de la opinión pública que veía mal la presencia militar estadounidense en siete bases colombianas.

El fallo, redactado por el magistrado Jorge Iván Palacio, recogió esas voces, argumentos y temores.

Su primer efecto es que fortalece las relaciones de Colombia con la región.

Cuando los países sudamericanos señalaron que el acceso estadounidense a las siete bases era una amenaza, Colombia se convirtió en el país más aislado del continente.

A pesar de los argumentos tranquilizadores del gobierno colombiano, las bases fueron miradas como una plataforma de vigilancia de Estados Unidos.

La promesa de que desde ellas se actuaría solamente "contra el narcotráfico, contra el terrorismo y otras amenazas" no convenció, sobre todo después del ataque colombiano al campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes en Ecuador de marzo de 2008, cuando un avión estadounidense se mantuvo en vuelo sobre la zona.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cree que esa nave y la asesoría prestada a las Fuerzas Armadas colombianas provenían de la base ecuatoriana de Manta sobre el océano Pacífico, cedida a Estados Unidos entre 1999 y 2009.

Los opositores a las bases razonan que si se trata de perseguir al narcotráfico, Estados Unidos ya dispone de las bases de Tres Esquinas y Larandia, en el sudoeste, y Arauca, en el noreste, y de la red de estaciones de radar instaladas después de la salida de los militares estadounidenses que operaban desde Panamá, en 1999.

Los términos del tratado, leídos con lupa por los gobernantes de la región, no tranquilizan. Entre sus objetivos se menciona la lucha contra el terrorismo --cualquier cosa que esta palabra signifique--, y se mantiene la inmunidad de oficiales y militares regulares que operen desde las bases colombianas.

Todos estos hechos, contemplados desde afuera, hacían ver a Colombia como un aliado servil de Estados Unidos en contra de la seguridad regional y de las nuevas políticas exteriores de los países latinoamericanos.

Así como el flanco internacional se despejó con los acuerdos logrados este mes con el gobierno venezolano, que permitieron reanudar las relaciones bilaterales, este fallo podría contribuir a despejar de desconfianzas las relaciones de Bogotá con sus otros vecinos.

El tratado fue un intento del gobierno Uribe de involucrar a Estados Unidos en el conflicto interno con la guerrilla izquierdista. Llamar terroristas a los guerrilleros, cuando el presidente George W. Bush (2001-2009) convocaba al mundo a su guerra contra el terrorismo, fue una de las tácticas para ese objetivo.

En el discurso oficial aparecieron los argumentos para "vender" a Estados Unidos la guerra contra las guerrillas colombianas: son comunistas, son narcotraficantes, han cometido delitos atroces.

La tecnología militar de Estados Unidos inquieta a gobiernos de los que depende la selva amazónica sudamericana, muy rica en recursos naturales y el potencial petrolero de la región. El discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el tratado está en parte inspirado en el temor por la suerte de la venezolana Faja del Orinico.

La declaratoria de inconstitucionalidad alivia esos temores y se ve como una buena noticia para los gobiernos vecinos.

La base militar de Manta es recordada por los ecuatorianos por los 300 conflictos que generaron los militares estadounidenses en sus relaciones con la población nativa.

Se intentó acallar el temor de que esos conflictos se multiplicaran por siete en Colombia prometiendo no brindar impunidad a los militares.

Pero la realidad es más compleja: Estados Unidos tiene 735 bases en el mundo y cada una de ellas es un foco potencial de conflictos que, si se resolvieran de acuerdo con las instancias judiciales de cada país, harían inane el deber constitucional de las autoridades estadounidenses de proteger a sus ciudadanos.

El humillante sentimiento de ver impunes a los militares estadounidenses, o apenas sometidos a una lejana justicia, podría aventarse con el fallo de la Corte Constitucional.

Pero no hay que apresurarse. El presidente Juan Manuel Santos, coautor del tratado siendo ministro de Defensa del gobierno anterior, podría insistir con la iniciativa de las bases ante el parlamento. Uribe lo haría. (FIN/2010)

COLOMBIA SE REBELA CONTRA EEUU A TRAVÉS DE SU JUSTICIA CONSTITUCIONAL QUE EXPULSA LAS BASES NORTEAMERICANAS DE SUELO COLOMBIANO

PUBLICO (ESPAÑA)
El TC de Colombia tumba el pacto militar de Uribe y EEUU

La sentencia obliga a Santos a echar a los estadounidenses de las bases y revelar sus operaciones

ANTONIO ALBIÑANA 4
Que regresen a Estados Unidos los militares y contratistas civiles que están en Colombia y que el Gobierno dé a conocer qué acciones han adelantado en los últimos meses en el país. Estas son las demandas repetidas desde la oposición, después de que a última hora de la tarde del martes (madrugada de ayer en España) el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González declarara sin efecto el tratado para la instalación de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano, suscrito el pasado 30 de octubre por el Gobierno de Álvaro Uribe.

La senadora del Partido Liberal que forma parte de la coalición del nuevo presidente, Juan Manuel Santos Piedad Córdoba, fue la más enérgica durante su intervención parlamentaria en la exigencia de la salida de los militares "gringos". Mientras, el Gobierno estudiaba distintas alternativas y preparaba una comunicación con el Departamento de Estado norteamericano para dar una nueva articulación a las relaciones militares entre Colombia y EEUU.
Fallo inapelable

La Corte Constitucional sentenció, en un fallo inapelable, que el acuerdo firmado entre Washington y Bogotá y negociado en secreto desde enero de 2009, no fue (como esgrimió el Gobierno de Uribe) una simple prolongación de los convenios anteriores, suscritos desde 1974 y actualizados en el llamado Plan Colombia. En realidad, ese pacto es un verdadero "tratado internacional, que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano y que debe ser sometido al Congreso de la República".

En consecuencia, dictamina la Corte, al quedar sin efecto el tratado, que estaba previsto para diez años prorrogables, "no puede surtir efectos en el ordenamiento interno" y todo el personal militar, equipos y ayudas que se hayan recibido, "deben regresar al país de origen".

La votación fue de seis contra tres. Entre los magistrados, una minoría mantuvo hasta el último momento la posibilidad de otorgar al Gobierno una moratoria de un año para renegociar el tratado sin que se suspendiera. En la misma línea trató de presionar el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, presentándose en la sede de la Corte para presionarla, en clara violación de su Reglamento, que prohíbe expresamente la presencia de quienes "estén interesados o implicados en las sentencias que se van a dictar". Para el constitucionalista José Gregorio Hernández, la pretendida moratoria significaría que "durante un año más la Constitución seguiría siendo violada".
Inmunidad estadounidense

Uno de las claves para declarar la inconstitucionalidad del tratado ha sido la inmunidad penal, las exenciones tributarias y la libre entrada y salida con carácter de "diplomáticos" que preveía para los estadounidenses relacionados con las bases: militares, civiles, cónyuges, hijos, contratistas, empleados de los contratistas y observadores asociados. Privilegios que han provocado un amplio rechazo en Colombia.

Para aplicar la sentencia, el Gobierno debería desvelar de inmediato las actividades que se han llevado a cabo en el marco del tratado en los últimos diez meses, para suspenderlas en su efecto y retroceder en sus intervenciones.

Las operaciones tácticas y de inteligencia deben quedar suspendidas desde hoy. Por ejemplo, en la base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia: los aviones estadounidenses deben dejar de utilizarla y los militares nuevos que llegaron salir de inmediato. En los planes estratégicos estadounidenses se contaba con esta base para vuelos intercontinentales hacia África y la vigilancia del subcontinente. Aun así, en el tiempo transcurrido, el Pentágono no ha podido desplegar gran cantidad de tropas y armamento en las bases.

Círculos próximos al presidente Santos indicaron a Público que él ya tenía prevista la decisión de la Corte y que no la ha acogido con desagrado, ya que le deja las manos libres para renegociar un tratado que "él no habría firmado".
El Futuro de las bases

Presentar el texto al Parlamento
Presentar el texto del tratado anulado por el Constitucional para su debate en el Senado y la Cámara manteniéndolo tal cual está permitiría a los colombianos conocer el alcance de lo que se quería acordar entre Colombia y EEUU y causaría gran polémica, aunque fuera aprobado por la mayoría ‘santista’. El problema, señala el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, es que debería ser luego remitido de nuevo a la Corte y esta volvería a declararlo inconstitucional, porque “no hay ningún artículo de la Constitución que permita las bases militares extranjeras”.

Conformarse con el Plan Colombia
Bogotá podría prescindir de un nuevo tratado y seguir operando con los convenios suscritos con EEUU y en vigencia desde 1939, renovados con el llamado Plan Colombia suscrito entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana en 1999, en teoría para combatir el narcotráfico, pero al que se le dio un contenido contrainsurgente mediante modificaciones posteriores nunca del todo reveladas. A esa línea de operaciones colombiano-estadounidenses secretas sin necesidad de debates públicos, se apuntan la cúpula militar y un amplio sector de la derecha política.

Renegociar un tratado reducido
La tercera opción es renegociar un tratado reducido: la base de Palanquero en el interior y otra sobre el Pacífico, en un acuerdo más suave que no cause alarma entre los vecinos y mantenga a Colombia como aliado clave de EEUU en Suramérica. Esta línea coincidiría con el interés de Obama de quitarse de encima la imagen intervencionista heredada de Bush y ahorrar medios, cuando el propio Pentágono acaba de cerrar el centro militar de Norfolk (Virginia) y echar a la calle a 5.000 personas.

martes, 17 de agosto de 2010

BOLIVIA POR FIN: PRIMERAS CONDENAS HISTÓRICAS CONTRA AUTORES DE LINCHAMIENTO, UNO DEL PARTIDO MAS. PERO, TODOS PRÓFUGOS

EL DEBER (BOLIVIA)
Jueza sentencia a los culpables de linchar al alcalde de Ayo Ayo

Juicio. Un asambleísta departamental del MAS, condenado a 30 años

Gabriel Pinto Tola, asambleísta del MAS por la provincia Aroma fue condenado ayer a 30 años de prisión sin derecho a indulto por la jueza Nancy Bustillos de Altuzarra junto a otras 13 personas por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano ocurrido en junio de 2004.

Una ‘felicidad a medias’ sintió ayer Edwin Altamirano al conocer el fallo seis años y dos meses después de que una turba asesinara a su padre y que fue tomada en su momento como ‘justicia comunitaria’, pero la justicia hizo conocer su veredicto.

La jueza explicó que los acusados tenían detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero que por la retardación de justicia se acogieron a la libertad provisional con diferentes condiciones, desde garantías personales hasta hipotecarias.

Hasta la anterior semana, los encausados acudieron a las audiencias, pero en el momento de la lectura desaparecieron y ahora este juzgado se apresta a emitir las órdenes de aprehensión y se ejecutarán las garantías.

En mayo, pese a existir un juicio en curso, la entonces Corte Nacional Electoral entregó la credencial de asambleísta por la provincia Aroma a Gabriel Pinto, que no está involucrado sólo en este caso sino tiene otro proceso por la invasión de los predios de la hacienda Collana.

Edwin Altamirano informó que ninguno de los acusados tiene domicilio en su pueblo y que no se conoce qué pasó con ellos porque llegaron hasta la instancia final y cuando se iba a leer la sentencia desaparecieron todos.

De los 25 imputados inicialmente 18 fueron procesados, de éstos cuatro fueron absueltos, y existen siete prófugos refirió la jueza.

Fueron condenados a 30 años sin derecho a indulto: Gabriel Pinto Tola, Cecilio Huanca Mamani, Severo Sánchez Layme, Alejandro Valero Mamani, Casiano Pinto Valero, Dionisio Mamani Condori, Norberto Calle Flores y Eulogio Quispe Colque. A 20 años: Pedro Flores Mamani, José Luis Herrera, Guillermo Mamani Ramos. A 8 años: Olga Jacoba Aguirre Alave y a 2 años: Ciro Buenaventura Loza Castillo y Cecilia Gamarra Mamani. /MCh

BOLIVIA: POTOSÍ FESTEJA CON AIRE DE TRIUNFO, ACUERDO CON GOBIERNO DE EVO

JORNADA (BOLIVIA)
Levantan paro en Potosí con masiva concentración de júbilo
El conflicto de la Villa Imperial terminó luego de 19 días de paro y pérdidas que poco a poco empiezan a cuantificarse. La dirigencia tuvo un recibimiento espectacular.

Potosí, (Erbol)
martes 17, agosto 2010
JornadaNet
APG
Los potosinos suspendieron todas las medidas de presión ayer, en una multitudinaria concentración de regocijo en la capital departamental, tras el retorno de sus representantes de la ciudad de Sucre, donde lograron suscribir con el Gobierno acuerdos favorables a las demandas regiones.

La caravana de los representantes de los potosinos, a la cabeza del Presidente del Comité Cívico Potosinista Celestino Condori y el gobernador Félix Gonzáles, fue recibida como verdaderos héroes por una multitud incalculable, que se volcó a las calles y avenidas de la ciudad de Potosí de manera espontánea con miles de banderas del Departamento.

Personas de todas las clases sociales y organizaciones de la sociedad potosina expresaron su satisfacción por el retorno de la normalidad al Departamento, que por 19 días se encontraba paralizado con una huelga general indefinida.

La población recibió a sus líderes, entre dirigentes y autoridades regionales, con aplausos, guirnaldas, mixtura, serpentinas y gritos de júbilo.

Varias mujeres, junto a sus niños, derramaron lágrimas. "Potosí unido, jamás nos rendiremos, estamos de pie todos, se consagró la unidad de los potosinos, nunca más de rodillas este pueblo que tanto dio al país", manifestó una de las emocionadas vecinas.

Por su parte, el líder cívico Condori afirmó que nunca se hubiera imaginado, ni en su pensamiento más positivo, este recibimiento multitudinario de la población. "Esta expresión de los potosinos es agradecimiento a todo un pueblo y muestra de la consolidación de la unidad de esta región".

La multitud proclamó a gritos a Condori como su próxima autoridad regional con la esperanza de que sea la persona que logre el ansiado desarrollo del Departamento.

"Celestino Condori es muy joven, tengo mucha fe en él, este hombre es nuestra esperanza", aseveró una anciana con lágrimas en los ojos, mientras saltaba de alegría, pese a su avanzada edad, en la puerta de su casa, por donde pasó la caravana.

Algunos de los pobladores también mostraron su indignación con el Presidente Evo Morales quemando muñecos con su rostro.

La celebración terminó en una gran concentración en la plaza de armas 10 de Noviembre.

Mientras, la salida de buses de las ciudades de otros Departamentos, como Oruro y La Paz, también se reanudó hacia Potosí.

Los logros de19 días de paro

En el caso del conflicto de límites una comisión mixta de Oruro y Potosí trabajará en la conciliación de los límites junto al Ministerio de Autonomía, el Instituto Geográfico Militar y los Municipios afectados. Ambos Departamentos además serán parte del proceso de consenso de la Ley de Unidades Territoriales que debe realizarse con las nueve Gobernaciones. Se elaborará un acta de pacificación entre Coroma y Quillacas.

En el caso de Karachipampa, se esperará la Resolución legal con la canadiense Atlas, mientras el Gobierno presentará un plan de inversión y operaciones, donde se incluye la instalación de una planta de ácido sulfúrico. La provisión de concentrados para el funcionamiento de la metalúrgica está garantizada por COMIBOL.

Sobre el Cerro Rico, existe compromiso mutuo entre Gobierno y cívicos de preservar la forma geomórfica de este patrimonio nacional. Se esperará la conclusión del estudio técnico sobre la conservación del yacimiento realizado por Sergeotecmin y se creó una Comisión multidisciplinaria e interinstitucional que se ocupe de hacer seguimiento a este tema.

En el punto de la instalación de la fábrica de cemento, se garantizó la construcción de dos plantas en los límites territoriales de Potosí y Oruro, con el uso de recursos naturales de cada Departamento, su establecimiento exacto depende de un estudio técnico y ambiental.

Sobre la construcción del aeropuerto internacional se decidió que la Gobernación de Potosí realice los estudios necesarios y presente un proyecto a diseño final cuya construcción estará financiada estará a cargo del Gobierno Nacional.

La mesa sobre el tema vial no llegó a ningún acuerdo.

domingo, 15 de agosto de 2010

BOLIVIA: INICIÓ DIÁLOGO ENTRE POTOSÍ Y EL GOBIERNO DE EVO. SE MANTIENEN MEDIDAS DE PRESIÓN

LA JORNADA (MÉXICO)
Potosí logra avances en su pliego y acuerda fijar límites con Oruro

Diálogo: Las conclusiones de las seis comisiones deberán ser aprobadas por los potosinos, antes de firmar cualquier documento.

El Deber, La Prensa y El Potosí.- La delegación de Potosí logró ayer con el Gobierno avances en las seis demandas de su pliego, tras una jornada de negociación lenta en la ciudad de Sucre. Todo parece indicar que hoy se logrará un acuerdo que estará sujeto a la aprobación de las instituciones cívicas potosinas para que se suspenda o no la huelga general indefinida que ya lleva 18 días.

Los negociadores potosinos caminan con pies de plomo, ya que luego deberán regresar a su región para exponer los acuerdos en un consejo consultivo, que dará la última palabra sobre si se levantan o no sus medidas de presión. Se estima que esta asamblea se realice hoy.

Las seis comisiones formadas el viernes por la noche en la Gobernación de Chuquisaca trabajaron ayer más de 12 horas y en cinco hay avances significativos. Según el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, hay dificultades que eran de esperarse y lamentó que aún se tengan ciertas manifestaciones de intransigencia por parte de los cívicos de la Villa Imperial.

Poco después de las 22.00 se cerró exitosamente la comisión que analiza la construcción de un aeropuerto internacional. En conferencia se anunció un acuerdo que dispone respetar la Ley 4157, de enero de este año, que declara a la obra de prioridad nacional y ordena a la Gobernación de Potosí realizar los estudios necesarios.

Sin embargo, el acuerdo fue desconocido por miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), por considerar que no significa un avance y sólo confirma a Potosí algo que ya tenía, según Celestino Condori, presidente de la institución.

El ministro Arce está a cargo de la comisión que analiza la exigencia potosina de la instalación de una fábrica de cemento y aseguró que sólo faltan detalles para lograr un pacto. El Gobierno informó que invirtió 6,18 millones de bolivianos para la realización de estudios técnicos que identificaron al yacimiento Quiburi, en el municipio potosino de Uyuni, como la reserva de piedra caliza que contiene un volumen seis veces mayor que el cerro Pahua, objeto de disputa con el departamento de Oruro.

Otra comisión a punto de concluir es la vial. El Ejecutivo prometió concluir el camino Potosí-Tarija hasta noviembre de 2011, y la ruta Potosí-Uyuni en poco más de un año. Anunció que el tramo Uyuni-Huacarani ya fue licitado y que concluyó el proyecto a diseño final de la Diagonal Jaime Mendoza, pero aún no hay financiamiento.

La comisión más importante del debate es la que discute la pugna limítrofe entre Potosí y Oruro. Según el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, ambos departamentos han coincidido en la necesidad de derogar los incisos dos y tres del artículo 17 de la Ley Marco de Autonomías para elaborar otro instrumento legal que logre una solución.

El gobernador de Oruro, Santos Tito, indicó: “Hemos avanzado la Ley Marco de Autonomías en donde, se dice que se tiene que trabajar en una nueva ley para determinar las unidades territoriales, esta nueva ley tiene que empezar a elaborarse a través de una comisión especial”s.

El secretario general del Comité Cívico de Oruro, Guido Molina, indicó que el caso será resuelto en el ámbito de un equipo técnico que considerará los documentos históricos que demuestren un mejor derecho sobre el cerro Pahua, además de los usos y costumbres de los habitantes de la región. Con base en esa información se establecerán los hitos que delimitarán los municipios de Quillacas (Oruro) y Coroma, Potosí.

Ambos departamentos reclaman como suyo ese cerro, pero se han puesto de acuerdo en no explotar sus vetas de piedra caliza hasta que se resuelva el diferendo. El Gobierno se comprometió con desplazar policías a la zona para garantizar la pausa, pero exige que los lugareños den condiciones de habitabilidad a los uniformados.

A esta comisión le fue más fácil avanzar cuando sólo quedaron los representantes de Oruro y Potosí, ya que había susceptibilidad por la conducción del ministro de Autonomías, Carlos Romero.

Otra comisión estudió el tema de la fundición de Karachipampa, ingenio que nunca pudo operar por su enorme capacidad que no puede ser satisfecha con toda la producción mineral de Bolivia. La factoría debió ser rehabilitada por la estadounidense Atlas Precious Metals, que en tres años ha invertido sólo 2,3 millones de dólares, cuando ya debió haber desembolsado 79 millones. Los mineros y el Gobierno acordaron revisar los mecanismos legales, en 90 días, para rescindir el contrato.

La comisión más compleja fue la que negoció la conservación del Cerro Rico, porque los cooperativistas mineros que explotan la plata y el estaño de sus socavones, no aceptan las conclusiones de un estudio técnico ordenado por el Gobierno, que pone límites a su trabajo. Al no haber acuerdo, se decidió que un equipo técnico analizará el caso con los sectores involucrados y, en el plazo de 90 días, planteará propuestas para preservar la forma cónica del cerro, amenazada por los derrumbes.

Al cierre de esta edición (01.00), las comisiones seguían su trabajo. Se espera un cuarto intermedio hasta esta mañana, cuando se analizarán las conclusiones.

Los delegados de las instituciones potosinas que llevan a cabo las medidas de protesta en la Villa Imperial, como huelgas y bloqueos, esperan que sus representantes que negocian en la capital del país presenten los avances en una reunión de consejo consultivo para refrendar o rechazar los acuerdos, según manifestó la vicepresidenta de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, María Prado Gonzales.

sábado, 14 de agosto de 2010

BOLIVIA: AHORA SE MOVILIZA ORURO

LA PRENSA (BOLIVIA)
Oruro responde a la presión de Potosí con marcha y un cabildo

Ayuno: campesinos de Oruro en huelga de hambre. Exigen respeto por sus límites

Civismo: La Asamblea de la Orureñidad decidió no ceder territorio a Potosí y convocó a un acto de masas para el próximo lunes.

Oruro / La Prensa.- La Asamblea de la Orureñidad, que se reunió anoche en el Paraninfo Universitario, aprobó siete demandas regionales, que serán oficialmente planteadas el próximo lunes en un cabildo que se cumplirá en la Avenida Cívica de la capital del folklore nacional, después de una marcha que saldrá a las 18.30 del Parque de la Unión Nacional.

El encuentro, convocado por el Comité Cívico, es la respuesta de Oruro, de donde es originario el presidente Evo Morales, a la movilización de Potosí, que exige que el Estado reconozca al cerro Pahua, un yacimiento que contiene 20.000 millones de toneladas de piedra caliza, materia prima para producir cemento, como parte del municipio de Coroma.

Edwin Torres, presidente del Bloque Oruro, recordó anoche que el montaje de una factoría de este material de construcción en Sevaruyo fue una de las promesas de campaña hechas por Evo Morales en la etapa proselitista.

“Nosotros no queremos sostener una confrontación con los hermanos potosinos, pero debemos hacer respetar nuestros derechos. Así lo entendieron los asistentes a la Asamblea”.

El jueves, seis campesinos orureños se declararon en huelga de hambre para que se monte la mencionada cementera en su departamento.

El Comité Interinstitucional de Defensa de los Límites de Oruro fue encargado de participar en el diálogo con representantes de Potosí y del Gobierno.

Los orureños reclaman la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, la conclusión del tramo Toledo-Ancaravi de la carretera Oruro-Pisiga, la implementación del Puerto Seco, la revisión de la Ley de Aduanas recién promulgada, una ley de exención impositiva para la empresas que se instalen en el departamento y generen fuentes de empleo y la instalación de la mencionada fábrica de cemento en Sevaruyo.

Además, el civismo orureño, que se declaró en estado de emergencia el lunes 2 de agosto, decidió que no renunciará al territorio del municipio de Quillacas, en cuya jurisdicción, asegura, se encuentra el mencionado cerro Pahua.

Los asistentes al encuentro de anoche, que colmaron el recinto académico, decidieron que la Gobernación conceda tolerancia laboral el lunes por la tarde para que las personas puedan prepararse para asistir a la concentración.

Guido Molina, secretario general del Comité Cívico de Oruro, sostuvo que se espera concentrar a unas 30.000 personas, pues tan sólo los gremiales, que confirmaron su presencia, son alrededor de 15.000 y se espera la presencia de los mineros de Huanuni.

El cabildo será presidido por el Comité Cívico y, según Molina, participarán autoridades de la Gobernación del Departamental y el municipio de la ciudad de Oruro, si bien en la Asamblea participaron delegados de los municipios rurales de la región.

Edwin Torres sostuvo que “Oruro está movilizado en defensa de sus intereses. Nuestras acciones no terminarán con esta marcha y el cabildo, pues continuaremos el trabajo”.

Los campesinos están divididos

Seis afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) cumplieron ayer su segundo día en huelga de hambre en demanda de que el Gobierno instale una fábrica de cemento en Sevaruyo.

El secretario ejecutivo de la FSUTCO, Néstor Terán, es uno de los integrantes de ese piquete, pero el secretario general del organismo, Félix Huanaco, indicó que la medida responde a apetitos personales de figuración y reafirmación de liderazgo, pues dijo que Terán fue desconocido por sus bases en un ampliado celebrado en Caracollo.

Criticó el hecho de que Terán hubiera incluido el diferendo limítrofe entre Oruro y Potosí en el último punto de sus reivindicaciones.

“Aquí nosotros no estamos provocando al departamento de Potosí. La solución al tema limítrofe con Oruro será larga. Nosotros tenemos nuestros propios documentos y tenemos que ponerlos en mesa, pero para pacificar el departamento de Potosí se necesita que el Gobierno atienda sus pedidos”.

Huanaco admitió que, con la salvedad del problema de demarcación, a los potosinos les asiste la razón al exigir que el Ejecutivo construya un aeropuerto, ponga en funcionamiento la planta de fundición de Karachipampa o la construcción de caminos, pero el problema de límites no se resolverá con medidas de presión, sino en un ambiente de diálogo y negociaciones.

BOLIVIA: SE INICIA DIÁLOGO ENTRE POTOSÍ Y EL GOBIERNO DE EVO

JORNADA (BOLIVIA)
¡Por fin! El Gobierno y Potosí iniciaron el diálogo


Sucre, (Abi/JORNADA) sábado 14, agosto 2010
Después de una jornada de absoluta tensión en la que por un momento se pensó que nada había por hacer para salvar el diálogo, por fin ganó la sensatez y se terminó por instalar la mesa de consenso entre el Gobierno y la dirigencia potosina.

Cerca de la media noche del viernes al sábado en la ciudad de Sucre, en el remate de una jornada de marchas y contramarchas, denuncias, presiones y tensión declinante, luego que representantes del Gobierno de Evo Morales y del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) se sentaran a la mesa para tratar las reivindicaciones del Departamento de Potosí, aislado y al borde del colapso hace más de 16 días por una huelga indefinida y un corte de rutas.

El comienzo de las conversaciones largamente esperadas parecía llevar alivio a cientos de viajeros varados, hace más de dos semanas, en diversos caminos que conducen a Potosí, al sur y al sudeste de Bolivia, radio de afectación de la protesta, y también a un número indeterminado de turistas principalmente europeos retenidos en esa ciudad, donde han escaseado los alimentos, medicamentos, carburantes y hasta el dinero en los dispensarios de los cajeros automáticos.

Antes que el diálogo sentara sus bases los gritos de los pasajeros hambrientos, enfermos y sucios se multiplicaban en las rutas e imploraban la suspensión de la medida que el COMCIPO mantiene a rajatabla, aún abierto el consenso.

El diálogo se inició finalmente a las 23h30 locales (03h30 GMT del sábado) en el edificio de la Gobernación de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, a 756 km de La Paz.

"Quisiera que entremos directamente a la organización del trabajo y hagamos las comisiones respectivas", afirmó el Ministro de la Presidencia, Oscar Coca, al tiempo de pedir a los medios que cubrían el encuentro permitir el trabajo de 6 comisiones que abordaban otros tantos puntos del petitorio regional representado por el COMCIPO.

Pese a una serie de observaciones, réplicas y dúplicas, no quedó claro si la instauración del esperado diálogo implicaba la suspensión de las medidas de fuerza en la ciudad de Potosí.

La representación civil de esa región pidió tratar, además de las demandas, de antemano establecidas y homologadas por ambas partes, la construcción de un aeropuerto internacional en esa ciudad andina a 550 km de La Paz que no figuraba en la agenda pautada primariamente.

Con fines aclaratorios, el ministro Coca dio lectura a una misiva de fines de julio que establecía, en el petitorio regional que encendió la protesta, la construcción de una fábrica de cemento en la localidad de Coroma, la reactivación de la planta fundidora de Karachipampa y la reconsideración de parágrafos de la Ley Marco de Autonomías, en lo concernido a la independencia política y administrativa de la región.

Además, la conservación de la estructura morfológica del legendario Cerro Rico que corona la ciudad de Potosí y cuya cima corre riesgo de desplome, tras cuatro siglos aún en explotación.

También la conclusión de una carretera interdepartamental, entre las localidades de Bella Vista y Cotagaita y la resolución de un antiquísimo diferendo de límites con el departamento de Oruro.

Tras una serie de argumentaciones, la comisión de ministros, reforzada a petición del COMCIPO consintió el tratamiento de la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad más antigua de Bolivia.

"En aras de avanzar, nuevamente nosotros vamos a aceptar" que se incorpore esa demanda. "Es una muestra objetiva de que realmente queremos resolver los temas regionales. De todas maneras aceptamos que se incorpore el tema del aeropuerto", resolvió el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

El, Coca y sus colegas de Economía, Luis Arce, de Educación, Roberto Aguilar y de Minería, José Pimentel, pasaron a liderar, junto a destacados por COMCIPO sendas comisiones en que se analizarán, por tiempo y materia, las reivindicaciones regionales de Potosí.

Por su parte el líder del COMCIPO, Celestino Condori se dijo de acuerdo con abrir el diálogo, porque "el pueblo potosino no puede seguir siendo sometido a una injusticia".

La frase fue interpretada como una orden tácita a que se levanten la huelga general y el corte de vías en Potosí.

Un dirigente de su entorno había anticipado al filo de la tarde que el COMCIPO decidió dar "un respiro" al pueblo de Potosí, adonde se dirigen caravanas de ayuda humanitaria desde diversos puntos del país, con la suspensión de las medidas de presión que se ensañaron con las principales fuentes de ingreso tradicional de la región, la minería y el turismo.

Los daños se cuentan por millones de dólares en la minería y en el turismo el costo es, lo mismo, alto: 25.000 potenciales visitantes, que ya tenían reservas, recularon y, para terminarla de amolar, el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus connacionales no visitar la convulsa región boliviana.

Naciones Unidas remató el cuadro de situación al denunciar la conculcación de los derechos humanos de turistas retenidos y la violación de los de los lugareños por parte de los activistas de la protesta.

Condori volvió a pedir la presencia del presidente Evo Morales en la negociación.

"Para nosotros es importante la participación del presidente Morales en alguna etapa de este diálogo, para que pueda dar las garantías de que los acuerdos que se pueda sostener sean garantizados, homologados por el presidente Evo Morales", afirmó.

A lo largo del día el diálogo, que pudo haberse instaurado el jueves por la noche, corrió riesgo de muerte en varios episodios, lo más marcados por Condori que no esperó ni un minuto más de las 16h00 locales, lió sus petates y pese a conocer que los ministros Arce y Aguilar estaban en pleno vuelo de La Paz a Sucre, decidió retornar a Potosí.

Romero salió entonces a denunciar que en la actitud de Condori se movía al sigilo una "conspiración política".

El Ministro denunció que los político-empresariales comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, furibundamente opuestos al gobierno de Morales se movían tras bambalinas en la crisis de Potosí.

Mas a la altura de la población intermedia de Yotala, a 17 km de Sucre y a poco más de 100 km de Potosí, Condori y sus adláteres fueron interceptados por numerosos grupos de campesinos quechuas de la región que obligaron a sus mandatados a retornar a Sucre y sentarse a la mesa del diálogo.

La cúpula del COMCIPO se devolvió a Sucre y el ministro Romero destacó que bajo esas circunstancias el diálogo tenía viabilidad y se debía, sobre todo, al "valeroso pueblo" de Potosí.

Este aspecto pareció dejatr en desventaja a Condori que en sus intervenciones bajó decibeles y se abstuvo de adjetivar a los ministros, a lo que el jueves tachó de "mentirosos y derechistas".

Más tarde, luego de una serie de cabildeos a puerta cerrada y en medio de una atmósfera de tensión disipada y suspenso que se extendió por más de tres horas, 80 delegados de Potosí tomaron ubicación en el salón de Convenciones de la Gobernación de Chuquisaca.

Las líneas de la ׳concertación de Potosí׳ en Sucre terminaron de tenderse hacia las 23h50 locales (03h50 GMT del sábado).

viernes, 13 de agosto de 2010

HONDURAS: MAESTROS EN GUERRA CONTRA DICTADOR LOBO

Maestros en paro en Honduras inician la negociación con una comisión del Gobierno

Tegucigalpa, 12 ago.- Representantes de miles de maestros del sector público de Honduras iniciaron hoy negociaciones con una comisión del Gobierno que preside Porfirio Lobo para buscar solución a una crisis por una deuda que el Estado tiene con el Instituto de Previsión de los docentes.

La reunión se celebra en un hotel de la capital hondureña, en cuyas afueras se han apostado miles de maestros que desde hace ocho días llegaron a Tegucigalpa para exigir el pago al Instituto de Previsión del Magisterio (Inpremah) y otras conquistas sociales.

Según dirigentes del Inpremah, el Estado le adeuda a esa institución unos 3.700 millones de lempiras (194 millones de dólares), aunque el Gobierno indicó esta semana que solamente son 1.799 millones de lempiras (unos 94 millones de dólares), acumulados desde 2007.

El Gobierno incluso suscribió el pasado martes un acuerdo de pago en lo que resta del año entre las autoridades de Finanzas, Educación y el Inpremah, que las bases de los maestros rechazaron ayer.

Lobo ha insistido en que no negociará con los maestros bajo medidas de presión y reiteró ayer que no se le pagará a los docentes los días que hayan abandonado las aulas por protestar en las calles o en otras actividades ajenas a la enseñanza.

Además, el presidente nombró el miércoles una comisión para que dialogue a partir de hoy con los maestros, integrada por el ex presidente Rafael Callejas, el ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Arturo Corrales y el asesor legal de Casa Presidencial, Humberto Palacios.

Hoy trascendió que los maestros también le exigen al Gobierno un bono temporal de 12.000 lempiras (unos 630 dólares) cuya vigencia se vence este año, que les aprobó el ahora ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta para reformar la Constitución.

El ministro de Finanzas, William Chong Wong, dijo hoy que la mayor parte de la deuda al Inpremah se acumuló durante la administración de Zelaya y el gobierno de facto que presidió Roberto Micheletti, desde el golpe de Estado de junio de 2009 hasta el 27 de enero pasado.

En la protesta participan maestros de cuatro de los seis colegios aglutinados en el Inpremah.

El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Jaime Rodríguez, dijo que esperan una "pronta solución" a la crisis en el magisterio.

Agregó que los maestros también exigen que "cese la represión" contra ellos por parte del Gobierno y la destitución del ministro de Educación, Alejandro Ventura, a quien Lobo le reiteró su apoyo el pasado martes.

La crisis en el magisterio hondureño afecta a más de un millón de estudiantes de preparatoria, primaria y educación media, quienes en lo que va del presente año han perdido casi un mes de clases por los paros de maestros exigiendo conquistas sociales o participando en manifestaciones políticas a favor del ex presidente Zelaya.

POTOSI: 500 COMUNIARIOS TOMAN HIDROELÉCTRICA Y PARALIZAN LA MINERÍA BOLIVIANA. EL GOBERNADOR DEL MAS EN TERAPIA INTENSIVA

CAMBIO (BOLIVIA)
Comunarios toman hidroeléctrica en Potosí, se temen más acciones

Gobierno denuncia que grupos radicales pretenden generar caos

La Paz, Potosí y Sucre/Cambio


Medio millar de comunarios de la localidad de Yura tomaron las estaciones hidroeléctricas de aquella región, lo que pone en grave riesgo las operaciones de la Minera San Cristóbal, la más grande del país. Mientras el Gobierno advirtió ayer que grupos radicales en Potosí planifican generar caos a través de la toma de instalaciones policiales.

En el decimocuarto día del paro indefinido que vive Potosí, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo –en conferencia de prensa– que aunque los comunarios aún no cortaron la energía eléctrica que sostiene las operaciones de San Cristóbal, “hacen prever que en cualquier momento se puede provocar este desastre”.

San Cristóbal se vio obligada a paralizar su producción, pero no así sus labores, que por el momento se limitaron a tareas de mantenimiento. Este cambio de actividad, sin embargo, le ha generado a la minera una pérdida de cerca de dos millones de dólares por día.

De concretarse el corte de energía eléctrica en Yura, la autoridad dijo que la minera San Cristóbal se vería directamente perjudicada, además de las poblaciones aledañas de Uyuni y Pulacayo, pero no así el resto del país.

“Pensamos que la única solución es el diálogo, la concertación. Mi persona estaba atendiendo personalmente los planteamientos de Potosí”, sostuvo Pimentel.

La autoridad nacional confirmó que las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí están paralizadas, con lo que se pierden 200 mil dólares día. “Esos recursos van a los hogares de los cooperativistas mineros y que lamentablemente se están privando del pan de cada día”, añadió.

Recordó que desde su despacho se impulsó, junto a 12 instituciones, el estudio de estabilidad del Cerro Rico. “Es un problema que durante mucho tiempo ha enfrentado al Comité Cívico con los cooperativistas y hoy no sabemos el acuerdo al que han llegado para una acción concertada”.

TOMA DE INSTITUCIONES

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, señaló que el Ejecutivo realizó una serie de esfuerzos para resolver el conflicto de límite entre Potosí y Oruro, pero que grupos radicales impidieron que prospere el diálogo.

“Hemos recibido información desde la ciudad de Potosí, de que algunos sectores radicalizados estarían planificando la toma tanto de las instalaciones del Tránsito de la Policía en Potosí, como las instalaciones cuartelarias del Regimiento Pérez en esa misma capital”, afirmó. Sin embargo, aseguró que desde el Gobierno no se caerá en ninguna de esas provocaciones. “No vamos a utilizar la fuerza pública, porque justamente algunos de esos sectores radicales quieren una salida por el desastre”, declaró.

Potosí y Oruro alegan ser propietarios del cerro P’ahua, rico en yacimientos de piedra caliza, materia prima para la producción de cemento.

En horas de la tarde, desde la Gobernación de Chuquisaca, en Sucre, los ministros de Autonomía, Carlos Romero, y de la Presidencia, Óscar Coca, ratificaron la vocación de diálogo del Gobierno, pero anunciaron su retorno a La Paz por tareas pendientes que deben atender.

“Ayer hemos visto en la ciudad de Sucre que han hecho explotar cachorros de dinamita innecesariamente para crear un caos”, dijo Coca.

Romero señaló que si se levantan las medidas de presión, los ministros de Estado se harán presentes en Potosí o alternativamente, que el Presidente está dispuesto a recibir a la dirigencia potosina en La Paz una vez que se suspendan las movilizaciones.

Cerca de las 23.30, luego de cumplirse el Consejo Consultivo en Potosí, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, informó que se determinó que el diálogo con el Gobierno se realice en Sucre, pero con la participación del Presidente.

Advirtió que las organizaciones movilizadas no están dispuestas a levantar las medidas de presión.

En la Villa Imperial, ciudadanos de todas las edades, entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de diferentes instituciones, incluyendo la Iglesia Católica y otras entidades, marcharon exigiendo atención del Ejecutivo a sus demandas regionales.


en terapia intensiva

Nombre: Félix gonzales

Cargo: gobernador de potosí

Profesión: Abogado

Después de cinco días de ayuno, de haber sufrido estrés por el conflicto en Potosí y con una gastritis crónica encima, su salud terminó quebrantándose a su retorno de Sucre, a donde asistió para viabilizar el diálogo. Ayer fue internado de emergencia con un cuadro de salud delicado. Se encuentra en terapia intensiva.



Oruro anuncia movilizaciones si no hay diálogo

Oruro, Erbol


El Comité Interinstitucional en Defensa del Territorio Orureño advirtió hoy al gobierno de Evo Morales que asumirá medidas de presión desde el lunes en defensa de sus límites y en demanda de obras para la región, en caso de que hasta el fin de semana el Gobierno no solucione el paro potosino.

La información la dio a conocer el presidente del Comité Cívico de Oruro, Lino Rocha, tras la conclusión de la asamblea de las organizaciones que aglutina la interinstitucional.

Rocha señaló a radio Pío XII que el Gobierno tiene plazo hasta el fin de semana para resolver el tema limítrofe que les enfrenta con el departamento potosino o al menos instalar la mesa de diálogo sobre este punto.

“Vamos a dar un plazo hasta fin de semana, en ese tiempo se debe atender y dar una solución, o al menos iniciar el diálogo, de lo contrario Oruro también tomará medidas de presión a partir del lunes para que se den cuenta de que no estamos dormidos, esto va a servir para despertar a un león dormido como es Oruro”, manifestó.

Agregó que el Comité Interinstitucional cree que tendrá la convocatoria necesaria de la ciudadanía para asumir las medidas de presión.

“Oruro no sólo tiene el problema de límites con Potosí, los orureños también demandamos obras como la construcción definitiva del tramo Oruro-Iquique, creo que es tiempo de decir basta”, acotó.


El Gobierno identifica a los instigadores del conflicto


El portavoz presidencial, Iván Canelas, reiteró ayer que las movilizaciones en Potosí son “claramente políticas”, en las que se encontrarían involucrados dirigentes y militantes o ex militantes de partidos tradicionales de la derecha.

Señaló que los que incitan a las movilizaciones pertenecen a partidos políticos opositores, como el caso de Gonzalo Guillermo Barrientos Alvarado, en ayuno voluntario y militante del MNR, fue candidato por Podemos.

Apuntó a Amilkar Barral, ex candidato a diputado por Alianza Social, del alcalde de Potosí, René Joaquino, a quien aseguró le beneficia el paro indefinido de Potosí, ya que aún no es suspendido de su cargo por los conflictos.

Dijo que Marco Antonio Villa, de UCS, es otro de los que alienta las medidas de presión. Mientras que en Cochabamba señaló a Guido Romay, también de AS, como incitador de huelgas.

“Se ha identificado qué personas y la militancia política, (que tienen), qué intereses están detrás de generar problemas en el país e impiden la realización del diálogo (en la capital)”, subrayó.

Por su parte, el diputado opositor Jaime Navarro (UN) calificó de “incoherentes” las declaraciones de Canelas, cuando en los hechos asambleístas del MAS asumen la huelga de hambre, incluido el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, quien fue dado de baja luego de ayunar cinco días.