sábado, 1 de enero de 2011

BOLIVIA: PROS Y CONTRAS DEL "GASOLINAZO"

BLOG OMAR QUIROGA (BOLIVIA)

30 de diciembre de 2010

Rafael Puente (Bolivia)

El Decreto Supremo 748, aprobado de manera sorpresiva el pasado domingo 26 de diciembre, ha provocado —como no podía ser menos— una auténtica sacudida de alcance nacional, puesto que de un golpe eleva los precios de los combustibles líquidos entre un 73 y un 82 por ciento, cosa que no se atrevió a hacer ningún gobierno anterior. Cierto que también se ha decretado la congelación de los precios del gas natural y del gas licuado de petróleo, como también la congelación de los precios de los servicios públicos de electricidad, agua y telefonía, además de programar la importación directa y sin aranceles de “kits” para la conversión de motores a gas natural y de repuestos para motorizados del transporte público, y de destinar montos considerables al fortalecimiento de EMAPA, a la generación de empleo y a las gobernaciones (para programas productivos y de seguridad ciudadana); pero todo ello no quita el tremendo hachazo que significa ese Decreto para la economía de la población de menores ingresos. ¿Lo habrá pensado bien el Gobierno? Veamos pros y contras.

Una lógica económica irrefutable
Cuando oímos al Vicepresidente explicar que el estado —que a fin de cuentas somos to-dos— ya está gastando 380 millones de dólares anuales (que ciertamente no nos sobran) en subvencionar el diésel y la gasolina, y que los principales beneficiarios de ese esfuerzo son los contrabandistas y los señores agroindustriales, no podemos menos de reconocer que la lógica económica del decreto es irrefutable. No se justifica ese enorme esfuerzo de subvenciones para beneficio de dos sectores que poco o nada aportan a la vida del país (sin contar con que esa subvención tendría que seguir subiendo indefinida e insoportablemente).

Y no se justifica el calificativo de “neoliberal” a un decreto que lo que hace es recortar los beneficios de un sector oligárquico y de otro sector delincuencial. El recorte o supresión de una subvención no es monopolio neoliberal. La racionalidad económico-financiera no es monopolio neoliberal, y menos todavía cuando el decreto exceptúa expresamente los hidrocarburos gaseosos, o porque no pueden ser objeto de contrabando (como el gas natural), o porque además afectan de manera directa la economía doméstica, aparte de que su contrabando no puede llegar a ser masivo (caso del gas licuado de petróleo).

A la larga no sólo sería irracional, sino contraproducente, mantener un precio irreal de la gasolina y el diesel dentro del país, cuando todos los países vecinos presentan precios re-ales —mucho más altos—; y si no que le pregunten a Venezuela (que no toca los precios irrisorios de su gasolina y con eso promueve un permanente y masivo contrabando, bási-camente en beneficio de sus países vecinos, y por supuesto de los contrabandistas…).

Un procedimiento poco participativo y poco elegante
Poco elegante: es lo menos que se puede decir de la promulgación de un decreto en plenas fiestas de Navidad, y encima aprovechando que el Presidente se encontraba de viaje. Sabemos que no es que Evo no quisiera dar la cara (de hecho la ha dado nada más regresar de Caracas), sabemos que nada impide que un decreto se promulgue en día feriado, pero no parece muy respetuoso de la población emitir un decreto que afecta el costo de los viajes precisamente cuando la población está de fiesta y cuando mucha gente ha hecho el viaje de ida —cal¬culando lo que le costará retornar— para luego encarecerle el retorno sin previo aviso. Como tampoco es elegante que dos días antes el ministro del ramo hubiera negado totalmente la posibilidad del decreto en cuestión.
Pero no es eso lo más importante, sino —una vez más— la metodología nada participativa de tomar una decisión que afecta directamente a la economía de toda la población y a la del país como tal. ¿Será que el Gobierno no confía en su propia argumentación? ¿O que no confía en la capacidad de comprensión por parte de la población? Sea una cosa u otra, no parece una buena señal de la forma que tiene el Gobierno de relacionarse con su propia población (pese a las constantes afirmaciones de la Constitución sobre la participación como característica central del nuevo estado). Y no es suficiente que a posteriori se organice conferencias de prensa o reuniones informativas con el CONALCAM… Pero a fin de cuentas éstas son debilidades de tipo político, y es en el plano económico donde se presentan los problemas más graves.

Las previsibles consecuencias económicas
Se puede afirmar que éste es el problema principal. Aceptando la lógica económica irrefutable del Decreto, lo que salta a la vista es que el país no estaba preparado para asumir esa lógica. En estos cinco años hemos vivido transformaciones fundamentales e innegables en el plano macro-económico, en el plano político (por tanto simbólico) y en el plano social; pero no en el plano de la economía cotidiana de la gente, que es el que ahora se verá directamente afectado por este Decreto.

Para empezar, se ha avanzado poco en la línea de la Soberanía Alimentaria —plan¬teada por Evo y el MAS desde 2005—, como tampoco se ha avanzado de manera significativa en el tema del empleo, y se ha avanzado muy poco en el tema de la remuneración del trabajo asalariado. Las condiciones micro-económicas de nuestro país, en relación con las de los países vecinos, hacen poco pensable que podamos acomodarnos a los precios reales de los combustibles (como parecen acomodarse ellos). Veamos a modo de ejemplo sólo un par de datos recogidos de la prensa diaria y de los mercados populares de Cochabamba a dos días de la promulgación del Decreto:
- El quintal de azúcar (que por maniobras de los ingenios y los comerciantes ya había subido de Bs. 140 a Bs. 315) ¡ahora cuesta Bs. 510!
- La arroba de papa, que estaba en Bs. 48, ahora está en Bs. 60.
- Las tarifas del transporte urbano e inter-departamental se han elevado entre un 200 y un 300 por ciento ¡(incluyendo vehículos que funcionan con gas natural vehicular!).
A partir de esta realidad se presentan una serie de interrogantes que no sabemos si el Gobierno se ha planteado (y si lo ha hecho, no ha sido con el suficiente realismo); ahí están para empezar las generalizadas y amargas protestas, cuando no amenazas, de todos los sectores poblacionales (que no es lo mismo que todos los sectores políticos). Veamos esos interrogantes:
 Si el Gobierno no ha podido poner en su lugar a los contrabandistas ¿podrá poner en su lugar a los transportistas, que son muchos más y que en muchas ocasiones son también contrabandistas?
 ¿Y será que pueda poner en su lugar a los agroindustriales al mismo tiempo que a los comerciantes, unos y otros expertos en especulación y desinteresados de todo lo que no sean sus propias ganancias?
 Suponiendo que el Gobierno lograra ganar ambas batallas ¿cómo podrá manejar seriamente el compromiso de elevar los salarios en un porcentaje superior al de la inflación? De hecho el Presidente ha anunciado que el incremento salarial será del 20 % —¡con excepción de los funcionarios públicos, que sólo recibirán doble aguinaldo!— cuando en los hechos se puede predecir que el encarecimiento del nivel de vida no dejará de alcanzar por lo menos un 50 % (inevitable resultado en cadena del encarecimiento del transporte).
 Si bien es saludable y positivo que dejemos de financiar el enriquecimiento de los con-trabandistas ¿no corremos el riesgo de que ahora vayamos a financiar el enriquecimiento de transportistas y comerciantes, sólo que esta vez no a costa del estado en su conjunto sino a costa de los sectores más pobres de la población?
 En consecuencia ¿no se puede afirmar que las medidas y decretos concomitantes al DS 748 deberían haber sido preparatorios —para eso hemos tenido cinco años de gobierno y miles de millones de dólares en reservas fiscales— en lugar de compen-satorios?
Demasiadas preguntas tal vez; pero inevitables. Ojalá en las próximas semanas obtengamos algunas respuestas.

Tiquipaya 29-12-10